Consumo alega un «extraordinario» nivel de producción legislativa y asegura que el asunto no era función de la Abogacía del Estado
El Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, decidió encargar a un despacho privado de abogados un informe jurídico sobre la trasposición de una directiva comunitaria en vez de dejarlo en manos de la Abogacía del Estado. El bufete Consumer Consulting S.L. cobró 12.000 euros de dinero público por la tarea.
Ante las críticas suscitadas, el Gobierno se escuda en que la Abogacía viene desarrollando un «extraordinario» volumen de producción legislativa.
Ciudadanos ha presentado varias preguntas en el Congreso al respecto, incidiendo en que el despacho en cuestión es propiedad del presidente de la Asociación Española de Consumo y en que los letrados de la Abogacía del Estado eran competentes para la realización del citado informe.
La Ley de Contratos del Sector Público posibilita la realización de contratos menores de servicios a aquellos con un importe inferior a 15.000 euros.
