El representante de la formación ha ampliado el rango de sus críticas hacia el anteproyecto de ley del aborto recientemente aprobado
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha mantenido este jueves que el Ejecutivo autonómico «hará frente» a la futura nueva ley del aborto que prepara el Gobierno y con la que «no están de acuerdo», para lo que utilizarán las «competencias exclusivas» recogidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y en la Constitución.
«No vamos a tolerar ningún adoctrinamiento ideológico en Castilla y León», ha asegurado a los periodistas en declaraciones previas a la entrega de los IX Premios al Mejor Directivo de la Comunidad el vicepresidente de la Comunidad, que ha insistido, al contrario de lo que ha hecho este jueves en la rueda de prensa el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en que la Junta se combatirá esta futura ley.
De este modo, García-Gallardo ha ampliado el rango de sus críticas hacia el anteproyecto de ley del aborto recientemente aprobado y ha extendido ese rechazo a todas las decisiones que “se anunciaban en el tuit de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia llamada de género”.
“Vamos a hacer frente a una normativa con la que no estamos de acuerdo”, ha asegurado sin detallar cómo va a hacerlo.
Preguntado por las críticas hacia la Comunidad por las dificultades para ejercer el aborto, el vicepresidente se ha defendido con que en Castilla y León “se sigue respetando el derecho a objetar de conciencia de los médicos en participar de esta tragedia social que es el aborto”.
En concreto, el Ministerio de Igualdad asoció la imposibilidad para abortar con que en cinco de las nueve provincias castellanoleonesas no se habían practicado interrupciones del embarazo en el último año.
Por el contrario, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves que esta Administración cumple «en su integridad» con la vigente ley del aborto y hará lo mismo con la que se apruebe, incluida la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios -lo que limita su ejercicio en hospitales públicos-, y ha criticado la «cortina de humo» que en su opinión traza el Gobierno con esta modificación.
Fuente: EFE
