domingo, junio 13, 2021

Europa sale al rescate de los españoles

Es relativamente común que las instituciones europeas se hayan visto obligadas a rescatar la economía de determinados países para evitar que su hundimiento arrastrara al conjunto de la Unión. Lo que resulta insólito es que la Unión Europea deba intervenir para proteger a los ciudadanos de los actos de su gobierno. Lo que no es normal es que Bruselas tenga que obligar a un gobierno a retirar una iniciativa que atenta contra la separación de poderes, uno de los pilares básicos de la democracia.

El desembarco de los partidos políticos en el CGPJ tuvo su origen en la Ley de 1985, que como ya hemos explicado en estas páginas fue declarada constitucional por el TC siempre que en su aplicación el Congreso y el Senado no se repartieran los veinte miembros del Consejo con un criterio de reparto proporcional entre los Grupos, que es lo que ha venido sucediendo sin que el Constitucional haya actuado para exigir que se respete su propia sentencia.

Pero esa ley, señaladamente incompatible con una democracia de calidad, no sacia la pulsión totalitaria de Pedro Sánchez. Él sabe que para transitar con éxito desde el sistema del 78 hasta el modelo totalitario que promueve en comandita con sus socios bolivarianos, comunistas pro etarras y golpistas necesita liquidar la Justicia independiente. Él sabe que el gobierno despótico que ansía presidir no podrá triunfar mientras haya un funcionario que se niegue a cumplir órdenes ilegales, mientras haya un abogado que se niegue a participar en juicios farsa y mientras haya un juez independiente que no se pliegue a sus exigencias y dicte sentencias sometido únicamente al imperio de la Ley. Por eso mandató al PSOE a presentar junto con Podemos un proyecto de Ley para que la elección de los vocales solo precise el voto de la mitad más uno de los miembros de las Cámaras, lo que vulneraría el artículo 122.3 de la Constitución que establece expresamente que esa elección requiere una mayoría reforzada de tres quintos.

Pero para liberarse del “lastre” que representa la separación de poderes -una herencia de la Constitución del 78 que le impide ejercer despóticamente el poder- Sánchez debe liquidar la separación de poderes. Y comenzó a ejecutar su plan designando a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado para que llevara a cabo la estrategia judicial; prosiguió con el nombramiento de un Ministro de Justicia que habría de encargarse de la estrategia jurídica y que dio por iniciado el proceso constituyente al margen de la voluntad de los ciudadanos. A continuación vendría el asalto al CGPJ y de ahí al Tribunal Constitucional. Y aquí ha topado con Europa.

La Comisión de Venecia ya había venido advirtiendo a los sucesivos gobiernos de España sobre el fraude de ley que se estaba produciendo al repartirse los vocales del Consejo en proporción al número de Diputados de los Grupos Parlamentarios, desoyendo la advertencia contenida en sentencia del TC. Y así estaban las cosas cuando Sánchez dio una nueva vuelta de tuerca y en un acto de filibusterismo político ,que no tenía otro objetivo que evitar el informe preceptivo del Consejo de Estado, presentó la Proposición de Ley a través de su partido. El texto de la ley ha hecho saltar todas las alarmas en las instituciones europeas y ha obligado a reaccionar con dureza a la propia Comisión Europea, que ha advertido a España de que si llevara a cabo esa reforma se vulnerarían varios artículos de los Tratados de la Unión, tal y como han denunciado diversos colectivos, el último de ellos compuesto por más de 2.500 jueces en ejercicio.

Si hubiera entrado en vigor la Ley que la Comisión Europea ha frenado, el Consejo General del Poder Judicial sería directamente un apéndice del Gobierno que tendría la mayoría para nombrar a los veinte vocales. Y Sánchez habría conseguido llevar casi a término el golpe de mano contra la democracia, pues en eso se traduce un golpe de mano contra la separación de poderes. Ya solo le quedaría por demoler la Jefatura del Estado.

Como vengo sosteniendo, la Justicia en general y los jueces en particular se han convertido en España en la última trinchera de la democracia. “Resulta altamente perturbador que en un país miembro de la Unión Europea los ciudadanos hayamos de apelar a los jueces para que nos protejan de los políticos que hemos elegido democráticamente”. (Capítulo 9 de ‘La Demolición’, Esfera de los Libros). Tan perturbador como que los ciudadanos tengamos que apelar a las instituciones europeas para que protejan a los jueces, y también a nosotros, de nuestro propio gobierno. Menos mal que somos españoles… y europeos.

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