La perversión del lenguaje, la ausencia de pedagogía democrática y las campañas organizadas durante años por quienes se creen por encima de la ley hicieron creer a los españoles que nuestra Constitución tenía un artículo cuasi antidemocrático con el que se podía “suspender la autonomía” en aquellos lugares de España en los que gobernaban los nacionalistas. Nada más lejos de la realidad. Cuando los constituyentes elaboraron la Constitución Española del 78 incorporaron al texto un artículo inspirado en la figura de la llamada «coerción federal» (Bundeszwang), prevista en el artículo 37 de la Constitución alemana, que dice así:
Artículo 155
- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Como se ve, estamos ante un artículo ordinario, una salvaguarda normal en cualquier constitución democrática del mundo que permite al Gobierno actuar en defensa del interés general cuando una institución con rango menor (una CCAA en este caso, un Lander en el caso alemán) incumple sus obligaciones y/o atenta contra el interés general no solo de su ámbito de gobierno sino del conjunto de la Nación.
La democracia, basada en la libre elección de los ciudadanos, no puede impedir que un gobernante se vuelva loco y/o traicione la propia democracia en cuyo nombre ejerce el poder. Pero el sistema democrático si puede- y debe- dotarse de instrumentos para defenderse si esa circunstancia se produjera.
Claro que es imposible que el legislador sea exhaustivo a la hora de “imaginar” todos los supuestos con los que un sistema democrático puede encontrarse ni puede, por tanto, diseñar un contrapoder para enfrentarse a cada uno de ellos. Por eso la Constitución, además de incorporar artículos específicos para actuar en supuestos extraordinarios como aquellos para los que se prevé la aplicación del artículo 155, proclama los contrapoderes democráticos por excelencia: la libertad ( de expresión, de movimiento, de cátedra, de prensa, de opinión…) que nos protege a todos los ciudadanos y nos permite actuar en los asuntos del Estado; la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y la Justicia Independiente.
Pero, ¿qué ocurre cuando es el Gobierno de la Nación, legítimo de origen, pierde la legitimidad de ejercicio y toma la decisión de pervertir el orden constitucional, suspender las libertades de los ciudadanos, liquidar la justicia independiente, parasitar las instituciones del Estado y limitar o suprimir, de facto, el control parlamentario? ¿Cómo puede una democracia tan garantista como la española defenderse de un Gobierno que ha diseñado una estrategia para demoler el sistema de convivencia democrático?
En nuestro ordenamiento constitucional no hay un artículo 155 que se pueda activar para protegernos de un Gobierno que incumple con sus obligaciones y atenta de manera flagrante contra el interés general. El artículo 155 sirve para actuar frente a las CCAA si estas no respetan las leyes y no cumplen con su obligación para con los ciudadanos pero, ¿quién nos protege cuando es el Gobierno de la Nación quien se salta las leyes y atenta gravemente contra el interés general de todos los españoles?
Sánchez ha aprovechado la pandemia para atrincherarse en la Moncloa y para acelerar todos los procesos de demolición utilizando los decretos de alarma y los poderes casi absolutos que estos le otorgan. La limitación de movimientos, el recorte de libertades, la enfermedad, la crisis económica, el miedo al futuro…, que sufre el conjunto de la sociedad le ayudan a quemar etapas del proceso de demolición que en un escenario de normalidad hubieran requerido mucho más tiempo. Y me temo que jurídicamente hay poco que hacer porque el legislador no podía prever un golpe de Estado incruento perpetrado desde el Gobierno de la Nación. La respuesta ha de ser política y ciudadana.
Explico en mi nuevo libro “La Demolición” que Sánchez sabe que ha de aprovechar el momento, esta circunstancia tan dramática como extraordinaria, para llevar a cabo el ataque final y por eso esta inmerso en un inmisericorde jaque a la Monarquía Parlamentaria y a los Órganos de la Justicia. Se trata de ver si los ciudadanos vamos a dejar que un hombre sin escrúpulos, un impostor devenido en Presidente del Gobierno de España, destruya en un par de años lo que construyeron generaciones de españoles empeñados en superar las dos Españas. “No es la primera vez en nuestra reciente historia que los demócratas españoles hemos tenido que organizarnos para frenar a quienes pretendieron impedir que la sociedad española fuera plural y disfrutara de plenas libertades democráticas”, escribo en el último capítulo de mi libro. La novedad es que ahora el ataque llega desde el mismo gobierno de la Nación. Pero, ahora como antes, tendremos que resistir y dar la batalla hasta ganar; porque no podemos consentir que lo que no lograron quienes asesinaron cruelmente a 857 de nuestros conciudadanos lo consiga una generación de socialistas borrachos de ambición que han decidido demoler la democracia para apalancarse en el poder. No, no hay un artículo 155 contra el caudillaje de Sánchez: tenemos la Constitución entera, la que nos hace ciudadanos y nos faculta –y obliga- a comportarnos como tal. La Constitución no está perimetrada, ni está en cuarentena, ni está confinada. Nuestros derechos de ciudadanía, tampoco lo están.No cabe resignación ni victimismo; no cabe otra cosa que acción.
Pues eso. ¡Despierta, ciudadano!
