El tribunal reprocha al Ejecutivo que durante seis meses no se produjera un control «real y efectivo» por parte del Congreso
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado ilegal el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que se extendió del 9 de noviembre de 2020 al 9 de mayo de 2021. Lo ha hecho por seis votos contra cuatro.
Este nuevo varapalo judicial al Ejecutivo se suma al de julio, en el que el tribunal consideró inconstitucional el primer estado de alarma (el decretado el 14 de marzo de 2020), y al de este mismo mes de octubre, en el que el TC tumbó el cierre del Congreso durante el inicio de la pandemia.
Por una parte, el tribunal expone que la alarma de seis meses fue excesiva en cuanto que no se produjo un control «real y efectivo» por parte del Parlamento. Así pues, el TC no considera suficientes las comparecencias ocasionales que en aquellos meses hicieron ante el Congreso tanto el presidente Sánchez como el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La «cogobernanza», también inconstitucional
El otro punto de inconstitucionalidad que señala el tribunal tiene que ver con la cesión de competencias que el Gobierno llevó a cabo en favor de las comunidades durante aquellos meses. Este movimiento fue entendido por muchos como la dejación de funciones por parte de un Ejecutivo que se había desgastado mucho en la primera parte de la pandemia y que quiso pasar la patata caliente a las autonomías a partir de la tercera ola.
Cabe recordar que, desde la entrada en vigor de la prórroga de seis meses del estado de alarma, el Gobierno puso en marcha la autodenominada «cogobernanza», que de facto se tradujo en que se dio a las comunidades la prerrogativa de limitar derechos fundamentales, algo que el TC considera inconstitucional. De hecho, varios tribunales superiores de justicia ya tumbaron varias medidas de limitación de libertades tomadas por los Ejecutivos regionales, tales como toques de queda o confinamientos perimetrales.
El TC ha emitido este fallo en respuesta al recurso que Vox presentó en noviembre de 2020, nada más publicar el Gobierno el decreto del segundo estado de alarma. La formación de Santiago Abascal consideró entonces que la prórroga por un espacio de tiempo tan prolongado de este recurso constitucional llevaba a España a «una deriva totalitaria» y acusó al Gobierno de «pretender ocupar todas las instituciones democráticas».
