Hungría y Polonia mantenían bloqueado desde hace tres semanas este paquete de recuperación
Hungría y Polonia alcanzaron un acuerdo con la presidencia alemana del Consejo para levantar su veto al presupuesto comunitario para 2021-2027 y al fondo de recuperación pospandemia, que aún deberá recibir luz verde del resto de socios para que el desbloqueo sea efectivo.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE decidirán este jueves en su cumbre en Bruselas si dan el visto bueno a esta propuesta de compromiso, que este miércoles ya fue debatida por los embajadores comunitarios.
Hungría y Polonia mantenían bloqueado desde hace tres semanas este paquete de recuperación, que en total movilizará 1,8 billones de euros, por su rechazo a condicionar estas ayudas al respeto del Estado de Derecho.
La solución negociada entre Budapest, Varsovia y Berlín no modifica esta regulación -que fue aprobada por una mayoría cualificada de países-, pero añade una declaración que clarifica cómo se implementará y el papel que jugará la justicia europea en su validación.
El texto de compromiso recoge que, en el caso de que Hungría o Polonia recurran la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la Comisión Europea no podría suspender fondos ni proponer ningún tipo de medida bajo este mecanismo hasta que la corte se pronuncie. Este tipo de resoluciones suelen tardar un año en llegar, aunque podría llevar más tiempo.
Las aclaraciones ofrecidas a Hungría y Polonia subrayan que la aplicación de esta condicionalidad será «justa, imparcial y basada en hechos, asegurando el debido proceso, no discriminación y trato igualitario a los Estados miembros».
Para garantizarlo, la Comisión elaborará unas directrices para aplicar este mecanismo consultando con los Estados miembros y, en caso de que alguno de ellos recurra el texto al TJUE, Bruselas tendrá que esperar a que la corte se haya pronunciado para concluir estas directrices.
Y hasta que estas directrices no se finalicen, la Comisión no podrá proponer medidas bajo este mecanismo, lo que en la práctica supone que si Budapest o Varsovia recurren a los tribunales europeos, Bruselas no podrá proponer penalizarlos, aunque lo viera necesario, hasta que haya una sentencia.
El mecanismo de condicionalidad permitirá que la Comisión pueda proponer paralizar el desembolso de fondos comunitarios a un país cuando detecte que se han producido violaciones del Estado de derecho que afecten al presupuesto europeo, si así lo aprueba una mayoría cualificada de Estados miembros.
El hecho de que la propuesta de compromiso no modifique la regulación debería ayudar a que sea aceptable por el resto de Estados y por la Eurocámara, que ha sido tajante en su rechazo a cambiar este mecanismo.
De confirmarse, el desbloqueo permitiría seguir adelante con la tramitación del paquete de recuperación, de 1,8 billones de euros en total, con el objetivo de que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2021 tal y como estaba previsto.
