El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado rebajar casi tres meses la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra, por los ocho en que estuvo suspendido de diputado del Parlament, y mantenerle la pensión como exjefe del Ejecutivo catalán.
En un auto, la sala civil y penal dirime así los límites de la ejecución de la condena a año y medio de inhabilitación que se impuso a Torra, por un delito de desobediencia, al desoír la orden de la Junta Electoral para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos.
La decisión cuenta con el voto particular del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que cree que Torra no debería percibir la pensión que le corresponde como expresidente hasta que se haya extinguido la pena de inhabilitación impuesta. La sala ha aceptado rebajar la inhabilitación de Torra para compensar el tiempo en que estuvo suspendido como diputado por orden de la Junta Electoral, que el 27 de enero pasado le retiró el acta al aplicarle un artículo de la ley electoral que establece que son inelegibles los condenados por delitos contra la administración pública, entre ellos desobediencia, aunque la sentencia no sea firme.
El TSJC ha optado así por un término medio entre la postura de la Fiscalía, que pedía que no se descontara a Torra el tiempo en que estuvo cesado como diputado, y su defensa, que reclamaba rebajarle la mitad de los ocho meses en que ha estado suspendido, de forma que la pena inhabilitación se extinguirá en enero de 2022.
Así será al menos en su primera condena, porque el expresidente de la Generalitat tiene abierta una segunda causa por desobediencia -ahora en manos de la justicia ordinaria- por desoír otra orden de la sala contenciosa del TSJC para que descolgara la pancarta a favor de los presos del Palau de la Generalitat de forma permanente y no solo durante la campaña electoral.
La sala ha accedido a rebajar los meses de inhabilitación de Torra, al entender que la condición de diputado del Parlament que perdió el 27 de enero pasado «se corresponde con uno de los efectos privativos de la pena de inhabilitación especial a la que ha sido condenado».
El auto del TSJC reconoce el derecho de Torra a cobrar la pensión que le corresponde como expresident y a seguir disfrutando de los honores aparejados a esa condición.
