En el escrito, el organismo ha asegurado que los «Consejeros y Consejeras son independientes e inamovibles conforme a la Constitución»
En un comunicado, el Tribunal de Cuentas, ha reivindicado su función jurisdiccional «dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos». También, ha afirmado que los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser ni modificados por otras instancias ni recurridos.
El contexto de este pronunciamiento del órgano fiscalizador se produce en la notificación del acta de liquidación provisional a 34 excargos del Gobierno catalán a quienes reclama 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el supuesto uso irregular de fondos para las ‘embajadas catalanas’ y para el Diplocat.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha querido precisar su capacidad de independencia: «Ante las noticias que vienen apareciendo en algunos medios, el Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico».
Por otro lado, ha subrayado que la misión del organismo es «contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional». Recordando también que ejerce con «carácter supremo la función fiscalizadora del sector público, de naturaleza eminentemente técnica, con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función».
