En el auto, el Tribunal de Cuentas indica que no hay indicios «jurídicamente relevantes de haber infringido ninguna norma jurídica de naturaleza contable o presupuestaria»
El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, ya que no ha habido menoscabo para el erario público, pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda.
En el auto, el Tribunal de Cuentas indica que no hay «apariencia jurídica de responsabilidad contable», ni indicios «jurídicamente relevantes de haber infringido ninguna norma jurídica de naturaleza contable o presupuestaria».
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el portavoz adjunto de esa formación en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano, presentaron la denuncia el pasado 7 de junio, por el «rescate millonario e injustificado de la aerolínea», que se eleva a 53 millones de euros.
El pasado 9 de marzo el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la covid-19 ha puesto en una situación difícil.
Para el Tribunal de Cuentas, no existen indicios jurídicamente relevantes de responsabilidad contable, y no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, argumento avalado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Sala de Justicia contable.
No cabe tampoco, añade el auto, hablar de negligencia.
El Tribunal de Cuentas hace suyos los argumentos de la abogacía del Estado, que sostiene que de la documentación que se acompaña a la denuncia «no se deducen las irregularidades denunciadas».
La SEPI aportó un informe que corroboraba que la petición de la ayuda se hizo correctamente y se justificó adecuadamente.
Además, la ayuda consistió en dos préstamos, uno participativo por importe de 34 millones de euros y otro ordinario de 19 millones, por lo que solo en el momento en que se incumpliera al vencimiento alguna obligación de devolución «podría producirse un daño real y efectivo al erario público».
Por ello, «resulta prematuro e improcedente abrir en este momento cualquier procedimiento para la exigencia de responsabilidad contable».
Fuente: EFE
