Se corrobora la pena de seis años de cárcel para Griñán y de nueve de inhabilitación para Chaves
El Tribunal Supremo, por mayoría de tres a dos magistrados, ha confirmado la condena de seis años de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, y de nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE, un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha adelantado el fallo de la sentencia -cuyos argumentos se conocerán en septiembre- en la que avala el criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla en relación a Griñán, a quien consideró responsable de un delito de malversación y prevaricación, y a Chaves, condenado únicamente de este último.
Ambos históricos exdirigentes socialistas fueron juzgados en la denominada pieza política de los ERE, que giró en torno a la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
Sin embargo, dos de los tres magistrados del tribunal -Ana Ferrer y Susana Polo- han discrepado del fallo al considerar que el Supremo debería haber estimado el recurso de Griñán para haber sido absuelto del delito de malversación, anulando así su condena a prisión.
El Supremo ha estimado los recursos de otros tres ex altos cargos condenados y ha acordado anular la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y dictar una nueva en la que, sin embargo, mantiene las condenas a los expresidentes andaluces. Estos son los únicos cambios que hace el tribunal, que mantiene los restantes pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Griñán recurrirá al TC
José María Calero, abogado de Griñán, ha anunciado que impugnará ante el Constitucional la sentencia del Supremo que confirma la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE, y que pedirá suspender la ejecución de la entrada en prisión.
En declaraciones a varios medios de comunicación, Calero ha considerado que el hecho de que haya habido dos votos particulares sobre el delito de malversación «abre un rayo de esperanza» en que el último trámite de defensa de los derechos fundamentales ante el Constitucional se pueda contar con «una resolución favorable» a los intereses de su representado.
Ha recordado que en algunos supuestos se establece que no necesariamente debe entrar en prisión una persona que está condenada de esta forma por el Supremo, por lo que ha anunciado que agotarán «todos los medios posibles» para que no se produzca el ingreso en prisión de Griñán, algo que su abogado cree posible porque no se perjudica a terceros.
Fuente: EFE.
