El Ministerio Fiscal solicita ratificar la condena de seis años de prisión para Griñán y de nueve de inhabilitación especial para Chaves
El Supremo arranca este miércoles la vista pública para revisar la sentencia del caso de los ERE de Andalucía por la que se condenó a diecinueve ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.
Se trata de la causa de mayor trascendencia política en Andalucía que coincide con la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio en esta comunidad autónoma, en la que probablemente esta cuestión saldrá a debate, con dos expresidentes socialistas involucrados, ambos suspendidos de militancia.
No obstante y como marca una regla no escrita en el Supremo, la sentencia no se conocerá hasta después de los comicios, para evitar cualquier influencia y mantenerse al margen de la lucha partidista.
La comparecencia se celebrará miércoles y jueves, algo inusual en el alto tribunal donde las vistas de casación suelen ser un trámite que apenas dura unas horas en ciertas ocasiones.
Esto es así por el elevado número de recursos planteados hasta el punto de que las sesiones para exponer los recursos de casación de los condenados contra la resolución de la Audiencia de Sevilla podrán ser de mañana y tarde y arrancarán a las 10.00 horas.
El tribunal que estudiará los recursos estará formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres (ponente), quien lleva más de dos años analizando los recursos de las partes.
El Ministerio Fiscal ha pedido al Supremo que confirme íntegramente la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, por tanto, solicita ratificar la condena de seis años de prisión para Griñán, que se sitúa así a un paso de la cárcel, y de nueve de inhabilitación especial para Chaves por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación en el segundo.
También solicita que se ratifiquen las condenas de prisión para el resto de ex altos cargos, entre ellos, los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años); así como las de inhabilitación para el resto de los condenados.
La sentencia reprocha que el Gobierno socialista andaluz conocía la «patente» y «palmaria ilegalidad» de las ayudas sociolaborales -unos 680 millones de euros– que concedió con «absoluta falta de control» entre los años 2000 y 2009.
Y subraya que los ex altos cargos, entre ellos los expresidentes regionales, fueron «plenamente conscientes de la patente ilegalidad» de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.
Fuente: EFE
