La propuesta legislativa se apoya en una encuesta realizada a 300 mujeres y elaborada por las propias clínicas abortistas
El PSOE presentó el pasado 12 de mayo una proposición de ley en el Congreso para proponer penas de tres meses a un año de cárcel para aquellas personas voluntarias de grupos provida que traten de disuadir a una mujer de abortar a las puertas de las clínicas abortistas.
Los socialistas argumentan que estas actitudes suponen un «obstáculo al derecho al aborto». El texto del proyecto señala que «el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».
Además, la propuesta de ley también contempla la prohibición a los grupos provida de «acudir a determinados lugares por un tiempo que puede ir de seis meses a tres años». Para su proposición, el PSOE se apoya en una encuesta realizada a 300 mujeres y elaborada por las propias clínicas abortistas.
Desde los grupos provida denuncian esta encuesta de «una parte interesada» y señalan que quienes participan en la disuasión a las puertas de las clínicas «salvamos vidas, no somos criminales». También apuntan a que muchas mujeres con las que hablan rechazan la oferta de renunciar a abortar, «pero otras la aceptan felices y tienen a sus hijos. ¿Eso es acoso? Prohibir a los provida acudir a los abortorios es negar una ayuda a mujeres necesitadas».
