La propuesta a la que se han abstenido va en la línea con la planteada por Podemos en el ámbito nacional y que Sánchez se ha comprometido a abordar
El grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid se ha abstenido este jueves en una iniciativa presentada por Unidas Podemos en la Cámara regional para regular los precios máximos del alquiler de vivienda y evitar los precios abusivos en las zonas de alquiler tensionado.
La propuesta va en la línea con la planteada por la formación morada en el ámbito nacional y que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a abordar.
Esta proposición no de ley, que por su naturaleza no tiene carácter vinculante, ha sido rechazada por los votos en contra de PP, Cs y Vox, además de la abstención de los socialistas madrileños, que han argumentado que la expuesta en la Asamblea de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado y entra en conflicto con la ley nacional.
Lo ha explicado el diputado del PSOE en el parlamento madrileño Miguel Luis Arranz, quien ha añadido que la iniciativa «establece un grado de intervención en el mercado sin precedentes en la Europa moderna», a través de un soporte técnico-jurídico «muy deficiente».
Ha defendido también algunas propuestas de la iniciativa, como elaborar un índice de referencia del precio de alquiler en la Comunidad de Madrid. Arranz ha aseverado que su grupo apuesta por «atajar el problema de la subida de precio de alquiler» que afecta a miles de madrileños.
En el texto de la propuesta, Unidas Podemos insta al Ejecutivo autonómico a «elaborar y desplegar herramientas legislativas, estadísticas y de información para elaborar un índice de referencia del precio del alquiler en la Comunidad», así como «regular legislativamente» el concepto de zonas de alquiler tensionado para actuar sobre ellas.
También pide «regular legislativamente el precio de referencia de una zona, para poner en manos de los ciudadanos información fidedigna sobre los precios del alquiler y evitar abusos».
Por último, la formación naranja propone definir y regular los conceptos de «vivienda vacía» y «gran tenedor de vivienda», implementar «las herramientas necesarias para su detección y diagnóstico» y así «poner a disposición del mercado» las casas deshabitadas «a precio razonable».
