Los populares también instan a prohibir las manifestaciones que rindan homenaje a un autor de delito de terrorismo
El PP ha solicitado que las víctimas del terrorismo de ETA puedan participar en la ejecución de las condenas y alegar o recurrir los acercamientos de estos presos a cárceles próximas al País Vasco, así como el derecho a ser informadas de cualquier tipo de beneficio penitenciario.
El grupo parlamentario del PP ha registrado una Proposición de Ley Orgánica de protección de la víctima de delito que modifica hasta cuatro leyes orgánicas con el fin de ampliar los derechos de información de las víctimas de terrorismo y de otros delitos y para garantizarles una mayor protección.
El PP ha registrado esta iniciativa el mismo día en que Instituciones Penitenciarias acordó el traslado de otros cinco presos de ETA a cárceles del País Vasco o próximas a la región y tras conceder el tercer grado o régimen de semilibertad a otro recluso de la banda terrorista que será acercado a la prisión de Álava.
«El Gobierno de Sánchez acercó ayer a la asesina de nuestro compañero Manuel Giménez Abad. Y cedió las cárceles al PNV», ha incidido el líder del PP, Pablo Casado, en un tuit tras anunciar el registro de esta proposición de Ley ayer.
El texto de la iniciativa que también pide modificar la Ley que regula el derecho a la reunión. En este sentido, insta a que los ayuntamientos acaten la prohibición de manifestaciones que rindan homenaje a un autor de delito de terrorismo.
«Los ayuntamientos tendrán prohibido facilitar cualquier tipo de medida para que se pueda hacer dicha reunión o manifestación», incide el nuevo artículo que señala que de lo contrario cometerían infracción muy grave.
«Cubrir lagunas» legales
El PP también insta a modificar el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria para que los requisitos de acceso al tercer grado de los presos por terrorismo sean acreditados mediante informes de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía adscrita a la misma, toda vez que han cumplido con las responsabilidades civiles a través de sus rentas o patrimonios presentes o futuros o han dado muestras de que abandonan los fines terroristas y colaboran con las autoridades, entre otros requisitos.
El PP argumenta que se trata de una proposición de Ley que persigue cubrir lagunas en la defensa de la dignidad y del conjunto de los derechos de las víctimas de delito.
Por ello también se modificarían, además de la Ley General Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario y la Ley Orgánica de derecho de Reunión, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Jurídica y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
