Los populares acusan al Gobierno de haber aprobado un texto escrito por «representantes de los asesinos», en referencia al pacto con Bildu
El Partido Popular ha solicitado este jueves la comparecencia ante la Comisión Constitucional en el Senado de personalidades «relevantes» de la Transición, como los exministros Rodolfo Martín Villa o Rafael Arias Salgado, para que emitan su opinión sobre la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso y que se debatirá en la Cámara Alta a la vuelta del verano.
En concreto, reclaman la presencia de Rodolfo Martín Villa; Rafael Arias Salgado, Marcelino Oreja Aguirre; Soledad Becerril Bustamante; Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona; y Carmela García-Moreno Teixeira, varios de ellos miembros de gobiernos de Adolfo Suárez.
Según explica la portavoz en la Comisión y secretaria general del PP en la Cámara Alta, Amelia Salanueva, el proyecto de ley de Memoria Democrática contiene «taras y vicios sustantivos que lo inhabilitan como ley verdaderamente democrática». «No sólo es un insulto a las víctimas del terrorismo de ETA», sino también «un insulto para todos los españoles», sostiene.
Una ley escrita por representantes de asesinos
A su juicio, el acuerdo que el PSOE alcanzó con Bildu en el Congreso supone que el proyecto de ley lo han escrito los «representantes de los asesinos, secuestradores y extorsionadores que tanto daño han hecho a la sociedad española atacando la vida, la libertad y la democracia».
En un comunicado, el PP sostiene que el proyecto de ley supone «un ataque frontal» al régimen constitucional y un intento de «deslegitimar» la Transición y el pacto entre españoles. Salanueva ha manifestado que la norma «siembra sospechas» sobre todo el proceso que trajo la democracia a España y el sistema de libertades y de bienestar, «poniendo en duda la legitimidad y el carácter democrático de la Transición y de la propia Constitución Española», ha dicho.
Finalmente, también se pregunta si «acaso el Ejecutivo socialista de Felipe González fue un Gobierno ilegítimo y heredero del franquismo», dado que la ley reconoce víctimas hasta el año 1983. «Cuando ya hubo elecciones municipales autonómica, generales y se frenó el intento de golpe de Estado del 23-F estando la democracia en España plenamente consolidada», ha desarrollado.
Fuente: Europa Press.
