Los populares critican las cuentas públicas y su «cierto aire electoral para poder gastar y gastar» mientras los socios de Sánchez no las ven con malos ojos y están dispuestos a negociar
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha advertido este martes que los presupuestos no buscan mejorar la vida de los españoles, sino asegurar el futuro de Pedro Sánchez un año más en la Moncloa, y se ha preguntado por las contrapartidas que concederá a Podemos y a los nacionalistas para poder aprobarlos.
Gamarra ha criticado en una rueda de prensa el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición sobre las cuentas de 2023 y ha incidido en que ya algunos partidos han «desfilado» diciendo que falta la tramitación parlamentaria y que, por tanto, sus votos son aún necesarios para que las cuentas salgan adelante.
Ha advertido de que Podemos ya ha recordado sus propuestas sobre la okupación de viviendas, Bildu sobre la política de crisis y ERC sobre la mesa bilateral con Cataluña, «precios muy altos que los españoles no están dispuestos a pagar», ha denunciado.
«Hay algo que no está en los presupuestos y que son esas negociaciones extraparlamentarias que nos inquietan nuevamente», ha afirmado Gamarra, que ha dicho que es «clave» saber «a cambio de qué» se ha producido el acuerdo del Gobierno. Para la portavoz del PP, el gasto expansivo que se prevé deja ver además un «cierto aire electoral para poder gastar y gastar».
Ha negado así que sean unos presupuestos sociales dado que, en su opinión, no protegen a las clases medias y trabajadoras al dejarlas fuera de cualquier medida fiscal como la de deflactar la tarifa del IRPF. Pero tampoco se da respuesta a las personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, según la diputada, cuyo partido ha reiterado en este sentido la necesidad de bajar al 4 % el IVA de productos básicos de alimentación e higiene.
Se ha negado así a hablar de justicia social en relación con el acuerdo presupuestario del Gobierno de coalición, al tiempo que ha reiterado la necesidad de comenzar a aplicar ya medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis, como ya han propuesto incluso algunos presidentes autonómicos socialistas.
Ha explicado que la reforma fiscal que incluyen los presupuestos no comenzará a aplicarse hasta el próximo 1 de enero, fecha en la que el Ejecutivo espera que los presupuestos entren en vigor. Por eso, ha lamentado que el Gobierno no haya intentado hablar con el PP para acordar las cuentas y adaptarlas al momento que viven los españoles y, sin embargo, haya optado de nuevo por el Gobierno «frankenstein» en lugar de pensar en grandes acuerdos de país basados en «la moderación, la credibilidad y la estabilidad».
En la misma línea que el PP, Ciudadanos no ve margen para poder apoyar unos presupuestos destinados a «financiar la campaña más larga y más cara de la historia», ha subrayado Edmundo Bal, y además sin saber «qué precio ponen los separatistas y nacionalistas» vascos y catalanes. Según Bal, estas cuentas someten a todos los españoles «a un sacrificio permanente» e hipotecan el futuro del país al incrementar «de manera desorbitada la deuda pública».
Los socios de Sánchez, dispuestos a sacar adelante los presupuestos
Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez en el Congreso han mostrado su buena disposición a negociar los próximos presupuestos generales de 2023 que necesitan mayoría en el Congreso para echar a andar y que no ven con malos ojos.
El socio prioritario del Ejecutivo, el PNV, ya ha pedido «intensificar» las conversaciones y las negociaciones con el Gobierno y esta semana ha avanzado que afrontará estos encuentros «sin líneas rojas», pese a que incide en que se deben cumplir con los acuerdos pendientes.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado «voluntad política» y la máxima predisposición para lograr un nuevo pacto» y ha señalado que centrará la negociación, «como siempre ha hecho, en mejorar el día a día de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra».
Otros partidos que apoyan habitualmente las cuentas públicas del Estado como ERC o Bildu también han señalado que tendrán prioridades en las negociaciones en materia de medidas sociales, como la ley de Vivienda. Los republicanos, que quieren mantener en la discreción sus reuniones, han advertido de que sin medidas que frenen los precios abusivos de los alquileres o en materia de desahucios las negociaciones «empiezan mal».
«La ley de Vivienda es importantísima», inciden al tiempo que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a repetir que el voto de su partido «se suda» y que «se ahorren hacer ‘presing'» con la idea de que «son los mejores presupuestos de la historia de la humanidad».
Para los republicanos, sobre la mesa estará también la reforma del delito de sedición para «homologarlo» con este tipo de delitos en Europa porque -ha dicho Rufián- es sinónimo de «democratización», mientras que la desjudicialización pactada en la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el de Cataluña no será utilizado como «palanca» para abordar los presupuestos.
«El Gobierno sabe perfectamente lo que sugiere y pretende ERC», incide Rufián, mientras el otro aliado parlamentario, EH Bildu también está abierto a negociar y pide «voluntad» y talante dialogante al Ejecutivo, ya que le recuerda que no tiene mayoría en la Cámara Baja y necesita apoyos. Desde el entorno de EH Bildu afirman a EFE que estas cuentas son «claves» para encarar el final de la legislatura y exigen que sean «ambiciosas». Deben «escuchar» las demandas de los partidos que apoyaron la investidura.
Partidos como Compromís y Más País también ven con buenos ojos los nuevos presupuestos. Íñigo Errejón valora que incluyen demandas sociales que Más País ha propuesto en asuntos de salud mental y políticas verdes. «A priori la música nos suena bien, son un buen borrador, pero deben ser negociados porque necesitan mayoría«, ha advertido Errejón mientras Joan Baldoví de Compromís ha dicho que las negociaciones para apoyarlos serán en «clave valenciana», para que se aumenten las inversiones en dependencia en Valencia y en los trenes de cercanías.
En este sentido, también ha recordado que serán exigentes con la creación de un Fondo extraordinario de Nivelación, dotado con 2.400 millones de euros, para financiar mejor a las autonomías infrafinanciadas hasta que se aborde el nuevo modelo de financiación autonómica.
Por su parte, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha mostrado su disposición a acordar los presupuestos, pero ha recordado que ya votaron en contra en 2021 y que en 2022 se abstuvieron. Reclamará el «viejo compromiso» de subir las pensiones mínimas para reducir la brecha de género y territorial y exigirá también que se incremente el salario mínimo interprofesional y los sueldos de los empleados públicos para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
Fuente: EFE
