La falta de control parlamentario y la excesiva cesión de competencias a las comunidades son los puntos que el magistrado afea al Gobierno
El Tribunal Constitucional (TC) declaró ilegal en julio el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en una desautorización sin precedentes de esta Corte hacia un Ejecutivo de cualquier signo político. Pero los golpes judiciales pueden seguir cayendo.
Y es que, según adelanta el diario ABC, el ponente del TC encargado de redactar la ponencia sobre el segundo estado de alarma (el que se prolongó del 9 de noviembre de 2020 al 9 de mayo de 2021) está concluyendo su informe y se espera que proponga a la Sala que este decreto también sea declarado inconstitucional.
En su ponencia, el magistrado Antonio Narváez, uno de los seis que votaron a favor de la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, expone que la alarma de seis meses fue excesiva en cuanto que no se produjo un control «real y efectivo» por parte del Parlamento. Narváez no considera suficientes las comparecencias ocasionales que en aquellos meses hicieron ante el Congreso tanto el presidente Sánchez como el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La «cogobernanza», en el punto de mira
El otro punto de dudosa constitucionalidad para el magistrado tiene que ver con la cesión de competencias que el Gobierno llevó a cabo en favor de las comunidades durante aquellos meses. Este movimiento fue entendido por muchos como la dejación de funciones por parte de un Ejecutivo que se había desgastado mucho en la primera parte de la pandemia y que quiso pasar la patata caliente a las autonomías a partir de la tercera ola.
Cabe recordar que, desde la entrada en vigor de la prórroga de seis meses del estado de alarma, el Gobierno puso en marcha la autodenominada «cogobernanza», que de facto se tradujo en que se dio a las comunidades la prerrogativa de limitar derechos fundamentales, algo que Narváez considera inconstitucional. De hecho, varios tribunales superiores de justicia ya tumbaron varias medidas de limitación de libertades tomadas por los Ejecutivos regionales, tales como toques de queda o confinamientos perimetrales.
El TC examinará esta cuestión en respuesta al recurso que Vox presentó en noviembre de 2020, nada más publicar el Gobierno el decreto del segundo estado de alarma. La formación de Santiago Abascal consideró entonces que la prórroga por un espacio de tiempo tan prolongado de este recurso constitucional llevaba a España a «una deriva totalitaria» y acusó al Gobierno de «pretender ocupar todas las instituciones democráticas».
Habrá que esperar al parecer de los jueces del TC y a la sentencia definitiva al respecto, que no empezará a debatirse hasta octubre, pero de momento la ponencia apunta a que el Gobierno podría sufrir otro varapalo judicial próximamente.
