El siniestro, de hace más de nueve años, se saldó con la presunta comisión de 80 delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños
Más de nueve años después de la tragedia ferroviaria más grave de la democracia española, el 5 de octubre dio comienzo el proceso por el accidente del Alvia, un juicio tardío y difícil que tras el parón navideño se retomará en enero de 2023 con el pulso entre peritos y sus abordajes técnicos.
La sentencia llegará a una década vista del terrible accidente del 24 de julio de 2013, cuando en cuestión de segundos impactó contra un muro de hormigón un tren que pretendía llegar a Santiago de Compostela en la víspera del Día de Galicia.
Un siniestro que se saldó con la presunta comisión de 80 delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, todo ello por una presunta imprudencia profesional grave.
Para los familiares, que siguen atentamente el plenario, la macrovista ha llegado mal y cuando ya ha transcurrido mucho tiempo. La compleja instrucción, con cambios de jueces y baile de imputaciones, se cerró por primera vez, aunque en falso, con el maquinista Francisco José Garzón Amo como único señalado, nombre al que después se sumaría el de Andrés Cortabitarte, antiguo director de seguridad en la circulación de Adif.
El último 15 de diciembre, la jueza presidenta María Elena Fernández Currás despachó en apenas un cuarto de hora una sesión con policías nacionales que se ratificaron en su atestado. Una brevedad nada común que sorprendió a la propia magistrada. «Unos días tanto y otros tan poco», fueron sus palabras esa mañana.
Ahora habrá que esperar al próximo día 10, cuando según el calendario facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia está prevista la comparecencia del jefe del área de investigación técnica. Mientras, un pequeño respiro, previo a unas periciales que se prolongarán, según el diseño programado, hasta finales del próximo febrero.
Garzón Amo no regresó a la Ciudad de la Cultura una vez dijo todo lo que tenía que decir al ofrecer su testimonio y pedir perdón, pero sí Cortabitarte. Aunque ambos están exonerados, el segundo regresó algunos días, aquellos en los que resultaba más crucial lo que de él se pudiese decir.
Un despiste del conductor
La cuestión principal a dirimir es si todo es atribuible a un despiste del conductor al estar la inexistencia de señales de reducción dentro de la legalidad, o si algo tan grave no puede depender en exclusiva del que maneja, al ser un profesional que necesita refuerzos como la protección con señales y balizas, tal y como se hizo a los pocos días del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, a la altura del barrio de Angrois.
En una desgarradora comunicación con la central de Atocha, Garzón Amo contó el día de autos que se había despistado tras recibir una llamada rutinaria del interventor de a bordo. «Ay, ay, dios mío», «somos humanos y se nos puede pasar», «esto es inhumano, esta curva», «y dicen que el maquinista tiene que estar a eso, y sí, pero somos humanos».
Estas frases forman parte del contenido y quien habla es un hombre que no puede salir de la cabina ni romper la ventanilla y que en ese momento desconoce la magnitud de lo ocurrido. Se queja de que los errores humanos no hayan sido previstos debidamente por el sistema ferroviario, recuerda los avisos de que en algún momento iba a pasar una desgracia y menta el peso que llevará, con él, en su conciencia. «¡Pobres viajeros!», llega a decir en varias ocasiones Garzón Amo, deseando que no hubiese muertos. Los hubo.
Cuatro años de prisión e inhabilitación
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los encausados cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras. La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
La magistrada Fernández Currás, titular del juzgado de lo penal número dos de Santiago, ha sido la responsable de la preparación y celebración del juicio oral, así como lo será de dictar el fallo. De la parte correspondiente la instrucción se encargaron los magistrados Luis Aláez, primero, y Andrés Lago, a continuación. El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos.
El despliegue al que obligó la vista oral por la marea negra del petrolero Prestige, catástrofe ecológica de la que se han cumplido veinte años, es lo único comparable a lo que se ha vivido, y se seguirá viviendo, con el Alvia.
Fuente: EFE
