Ambos empresarios tendrán que firmar cada quince días en el juzgado, tal y como se ha acordado este lunes tras su primera declaración
El juez ha destacado la gravedad de los delitos que se imputan a Alberto Luceño y Luis Medina por haber ocultado, «con engaño y ánimo de lucro», al Ayuntamiento de Madrid las elevadas comisiones que se llevaron en la compra de material sanitario en el «peor momento de la pandemia», razón por la que les ha retirado el pasaporte.
Un engaño que ambos han negado este lunes en su declaración ante el titular del Juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, quien les ha impuesto también comparecencias quincenales en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y a petición de las acusaciones populares.
Rodeados de expectación han llegado ambos empresarios a los juzgados madrileños -Luceño con dos horas y media de antelación, y el aristócrata Medina con 45 minutos-, donde estaban citados como imputados por delitos de estafa, falsedad y blanqueo, además de por alzamiento de bienes en el caso de Medina.
Durante su declaración, según han informado a Efe fuentes jurídicas, ambos han negado haber hecho ninguna estafa al consistorio en la operación por la que se embolsaron 6,6 millones de dólares en comisiones y han resaltado que quisieron ayudar.
Medina, hijo del duque de Feria y Naty Abascal, ha ratificado la versión prestada hace un año ante la Fiscalía y ha explicado que, cuando supo que Luceño podría traer material sanitario de China, habló con una directora de su antigua universidad, que fue quien le dio el contacto del primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
Era marzo de 2020. Medina llamó al familiar del regidor, y éste le dio un correo de Elena Collado, la coordinadora de presupuestos y recursos humanos del consistorio, con la que finalmente se cerraron los tres contratos de mascarillas, test y guantes que se investigan y por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de euros.
Así lo recoge el juez en su auto de medidas cautelares, donde subraya que ambos aprovecharon «la necesidad imperiosa del Ayuntamiento» de conseguir material sanitario «para hacer frente al peor momento de la pandemia».
«Negocio jurídico criminalizado»
Esos tres contratos, sobre todo los de guantes y test, «constituyen un negocio jurídico criminalizado o estafa agravada», dice el juez, dado que Luceño, «en connivencia total» con Medina, ocultó «con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento» que los precios que pagó el consistorio estaban notablemente hinchados «debido a las comisiones» que habían pactado con la empresa malaya Leno.
Con el dinero de las comisiones, continúa el juez, ambos obtuvieron artículos de lujo, como relojes, coches de alta gama como un Aston Martin, una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) o un velero.
El juez destaca la gravedad de los delitos imputados por «su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia», por ofrecer material de primera necesidad, «con ánimo de lucro», pese a aparentar «altruismo», y por las elevadas penas de prisión que acarrean, lo que demuestra, en su opinión, el riesgo de fuga y de manipular pruebas con el «pagador malayo de las comisiones».
Dicho pagador es San Chin Choon, el supuesto proveedor de los empresarios, cuya colaboración con la Justicia española «hasta el momento es nula».
«No tengo conciencia de haber cometido ningún delito»
En su declaración ante el juez, a la que ha tenido acceso Efe, Medina ha justificado que las comisiones no se pactaron al inicio, aunque él «entendió» que le iba «a tocar un tercio». «No he sido engañado por el señor Luceño», ha asegurado, en contra de lo declarado ante el fiscal hace un año, cuando se mostró enfadado porque se acababa de enterar de que él se había llevado un millón frente a los 5,5 del otro investigado.
Ha asegurado que el fiscal «no dijo expresamente que tuviera prohibido disponer» de sus bienes, algo que hizo porque no pensó «que hubiera nada irregular», y que nunca intentó «defraudar nada». «No tengo conciencia de haber cometido ningún delito», ha defendido.
Alberto Luceño, a quien Podemos ha pedido imputar también por delito fiscal y alzamiento de bienes, ha justificado que su intención «era en parte ayudar al Ayuntamiento y por supuesto cobrar mi trabajo» y que la operación fue «limpia», y ha puesto de relieve que sólo se llevó el 47 por ciento en comisiones, «un porcentaje normal».
Con el dinero que ganó compró un piso y varios coches para alquilar, pero este negocio fue mal. Adquirió también tres relojes de lujo, dos de los cuales ha aportado este lunes al juzgado y se ofrece a hacer lo mismo con el otro, y ha lamentado que su empresa Takamaka le genera muchos gastos, y también quiere invertir en otras empresas.
Un cambio de versión «significativo»
En declaraciones a los medios, Adolfo Barneda, abogado del grupo municipal socialista, ha visto significativo el cambio de versión de Medina, que ha negado sentirse engañado por Luceño en el cobro de las comisiones cuando al principio dijo sentirse molesto con él, algo que, para la letrada de Más Madrid, Nuria Zapico, demuestra que han trazado una «nueva estrategia».
A ambas acusaciones les ha parecido «relevante» que ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento hayan solicitado ninguna medida cautelar para los dos investigados y han subrayado que el juez les ha retirado el pasaporte gracias a ellas.
Fuente: EFE
