La Audiencia Provincial ordenó al juez seguir investigando la denominada ‘Caja B’
El magistrado que investiga la gestión de Podemos ha reactivado las pesquisas sobre la Caja de Solidaridad del partido y ha solicitado al partido el documento por el que se aprobó una petición de 50.000 euros realizada por la asociación 404 Comunicación.
En una providencia fechada el pasado 10 de marzo, el magistrado Juan José Escalonilla hace este requerimiento después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenase el pasado mes de febrero que reanudara las pesquisas sobre el Fondo de Solidaridad del partido hasta el total esclarecimiento de los hechos y de la presunta administración desleal que denunció el ex abogado de la formación morada José Manuel Calvente.
Según la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, el colectivo 404 Comunicación Popular -entre cuyos miembros hay varios integrantes de Podemos- solicitó al partido 50.000 euros para sus labores en favor de los derechos humanos y el partido pudo transferir 30.000 euros, aunque el juez no determinó si provenían o no de ese fondo de solidaridad ni si se destinó a otro uso distinto del declarado.
En la denuncia que dio pie a todo el proceso, el letrado José Manuel Calvente atribuyó al actual portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, la responsabilidad sobre el dinero que entra y sale de la citada Caja, creada en 2018 para administrar las donaciones de los cargos públicos.
Calvente puso como ejemplo que de esa Caja se podrían haber pagado 50.000 euros a #404 Comunicación Popular, empresa gestionada por Christian Luis Navarro, asesor de la eurodiputada Idoia Villanueva y, según el letrado, «amigo» de Mayoral.
El juez archivó esa parte de la investigación por no encontrar indicios de delito, pero la Audiencia Provincial admitió los recursos de Vox y de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y revocó ese archivo.
Ahora el magistrado requiere a Podemos que aporte, en el plazo de diez días, «el acuerdo del Consejo de Coordinación en le que se aprobó la solicitud de acceso a la Caja de Solidaridad presentada por #404 Comunicación Popular por importe de 50.000 euros».
Este semana se ha sabido que el magistrado ha decidido abrir tres nuevos procedimientos sobre el partido: uno de ellos para averiguar si su secretario general, Pablo Iglesias, se quedó las costas de un juicio; otro sobre la contratación de la cuidadora de la hija de Iglesias e Irene Montero, y un tercero sobre una donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la fundación Instituto 25m y al resto de donaciones del traspaso a la formación.
También ha trascendido que el magistrado ha citado para el próximo 19 de abril a una decena de testigos que trabajaron para Podemos en las elecciones de abril de 2019, y que habían sido propuestos por el partido para demostrar que pagó a la consultora Neurona por unos trabajos electorales que realmente se realizaron.
Por su parte la Fiscalía de Madrid ha vuelto a solicitar que se confirme el auto del juzgado que archivó la investigación sobre las obras en la sede de Podemos, insistiendo en que no existe «ningún indicio» de delito de administración desleal ni de falsedad documental.
Estos avances tienen lugar en los días previos a la declaración como investigado en la causa, el próximo lunes, del cofundador del partido Juan Carlos Monedero, después de que la Policía le señalase como autor de una factura falsa para justificar que recibió 26.600 euros de esa empresa.
