El titular del Juzgado de Instrucción número 7 quiere recabar información acerca del pasaporte falso utilizado por Gali en el Hospital de Logroño
El juez de Zaragoza que investiga la presunta entrada ilegal en España en abril de 2021 del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ha decidido prorrogar la instrucción por seis meses tras ordenar la práctica de distintas pruebas de investigación que implican la solicitud de información a la delegación saharaui en España.
En su auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 destaca que de la información aportada por la referida delegación y de la orden de toma de declaración del hijo de Gali, Luali Brahim, podrían derivarse nuevas testificales e informes en torno a la presunta falsedad y prevaricación investigadas que exigen la declaración de la causa como «compleja».
En concreto, tras la decisión de la Audiencia de Zaragoza de sobreseer el caso en relación a la exministra de Exteriores Arantxa González Laya y a su exjefe de Gabinete Camilo Villariño, el magistrado acordó dirigirse a los representantes del Frente Polisario en España para que informaran de si tuvieron conocimiento previo del viaje de su líder.
El juez también quiere conocer las razones por las que se eligió el Hospital de Logroño para que Gali recibiera atención médica por covid tras aterrizar en la base aérea de Zaragoza, y qué personas de la delegación saharaui le acompañaron en ese momento.
El magistrado pretende que detallen si tenían conocimiento de que el líder polisario tenía alguna causa penal abierta en España y, en caso de que fuera así, si informaron a las autoridades españolas previamente de su situación legal.
Y solicita, por otra parte, que informen desde la delegación saharaui del domicilio actual en España del hijo de Gali, Luali Brahim, a fin de citarle y recabar información acerca del pasaporte falso utilizado en el Hospital de Logroño en el momento de realizarse el ingreso del líder polisario.
En el auto de ampliación del periodo de instrucción del caso, el juez advierte de que del resultado de estas diligencias «podría derivar una carga incriminatoria contra alguna persona, razón por la que la declaración de complejidad de la causa se convierte en un presupuesto imprescindible para el desarrollo de una tutela judicial efectiva y del derecho de defensa de quien pudiera ser investigado».
«En caso contrario -añade-, su suerte quedaría vinculada a las diligencias ya acordadas, sin posibilidad de que pudiera proponer otras diligencias en defensa de sus intereses a fin de desacreditar el hallazgo o valoración de elementos incriminatorios».
Recuerda, además, que la investigación se ha visto ralentizada debido a la necesidad de practicar pruebas mediante videoconferencias que obligaban a coordinar las agendas de juzgados de distintas localidades.
Fuente: EFE
