jueves, marzo 28, 2024
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El juez de Púnica interroga mañana al director de gabinete de Andrea Levy

Se le imputa por los trabajos de reputación que recibió presuntamente la exconsejera madrileña, Lucía Figar, entre 2011 y 2014

El juez del caso Púnica interroga este miércoles como imputado a Pablo Balbín, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, acerca de las contrataciones de trabajos de reputación «online» al empresario de la trama Alejandro de Pedro cuando era jefe de gabinete de la exconsejera madrileña Lucía Figar.

Está imputado precisamente por los trabajos de reputación que recibió presuntamente Lucía Figar entre 2011 y 2014, y con otros investigados que habrían participado para que estos servicios se pagasen con dinero público y de forma encubierta.

«Instado» por Figar, dice la Fiscalía, su entonces jefe de gabinete de prensa Pablo Balbín aceptó presuntamente su petición de «participar en el engaño».

El magistrado Manuel García Castellón ha citado también para este miércoles en relación a estos hechos a los empresarios Abel Palacios y Víctor Daniel Steinberg, este último también vinculado a la Comunicación en el PP.

Los tres fueron citados en la pieza diez del caso, centrada en la contratación de varias empresas vinculadas a la trama por parte de diversos ayuntamientos del país y de la Consejería de Educación de Madrid para mejorar la imagen en medios y redes sociales de los alcaldes con cargo, presuntamente, a fondos públicos.

Tras ellos, el jueves será el turno de otros dos investigados, Juan José Pérez Macián y Pablo García Lozano; y la próxima semana han sido emplazados Laura Nistal Marcos y Jaime José López Ruiz, quienes tuvieron cargos en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) cuando era alcalde Narciso de Foxá.

Con ellos dos se cierra la ronda de interrogatorios que se inició en noviembre a los 17 últimos investigados en esta pieza, entre los que figuran varios exalcaldes del PP de municipios madrileños.

Entre ellos, el exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa, que renunció a su cargo como comisionado del Gobierno madrileño para la atención de víctimas del terrorismo al ser imputado en esta pieza.

Tanto él como el exalcalde de Coslada han negado haber contratado a las empresas de De Pedro para trabajos de reputación «online» y mejora de imagen, aunque García de Vinuesa reconoció que contrató sus servicios para formar en redes sociales a unos 40 funcionarios del ayuntamiento.

Lo que sí admitieron ambos es que conocieron a De Pedro en una reunión de finales de 2010 celebrada en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, que estuvo presidida por los exconsejeros madrileños Lucía Figar y Francisco Granados, y en la que el empresario hizo una exposición sobre la importancia de las redes sociales, si bien negaron que se les instara a contratarle.

Faltan por declarar los exalcaldes de Majadahonda Narciso de Foxá, y de Castellón Alfonso Bataller, cuyas declaraciones estaban prevista para el pasado día 3 y finalmente fueron suspendidas.

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