El magistrado Juan José Escalonilla archiva la primera causa y no sigue investigando la segunda, abierta desde el verano de 2020
El juez ha archivado la investigación abierta a una asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y una exempleada de Podemos al no haberse acreditado que éstas cuidasen de sus hijos menores durante el tiempo en que desempeñaban funciones pagadas con dinero público.
El titular del Juzgado de Instrucción numero 52 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado el sobreseimiento del conocido como «caso niñera» unas semanas después de que tomase declaración como imputada a una antigua responsable del departamento de prensa del partido.
Según el auto de archivo, al que ha tenido acceso Efe, no sólo no consta acreditado que las investigadas, Teresa Arévalo y Gara Santana, «se encargasen del cuidado de los hijos» de Irene Montero y del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, sino que tampoco se ha constatado que «persona alguna» lo haya hecho mientras desempeñaba funciones remuneradas por Podemos o por el erario público.
Subraya, en el caso de la asesora de la ministra, Teresa Arévalo, del hecho de que se desplazase el 20 de octubre de 2019 a un acto electoral en Alicante con Irene Montero «no cabe inferir indicio alguno acreditativo de que el desplazamiento de dicha investigada lo fuera para el cuidado» de su hija, sino «en cumplimiento del cargo que tenía dentro del partido político en dicho momento».
Tampoco ve pruebas que avalen la declaración de una exempleada de logística de Podemos, que apuntó que Gara Santana también tuvo que encargarse de los niños de Irene Montero y Pablo Iglesias, una versión que no puede erigirse «en indicio racional suficiente acreditativo», dice el juez.
Esta causa nació de la denuncia de la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que se negó ante el juzgado a desvelar la identidad de la persona que le transmitió la información y aseguró que no lo investigó porque fue cesada.
Es uno de los procedimientos que abrió el magistrado en relación a Podemos, entre los que destaca el caso Neurona, donde investiga la contratación de una consultora mexicana del mismo nombre para las elecciones generales de 2019.
Precisamente el juez del caso Neurona ha rechazado prorrogar la investigación a falta de que lleguen varios informes pendientes en la causa.
Abierta desde el verano de 2020, están investigados, entre otros, el cofundador del partido Juan Carlos Monedero y otros cargos como Juanma del Olmo o Daniel de Frutos.
Según el auto del juez, al que ha tenido acceso Efe, las únicas diligencias de investigación que quedan son el informe pericial sobre el coste y precio de los trabajos que realizó la consultora para el partido y el informe que debe presentar la Unidad Central de Ciberdelincuencia respecto a unos correos electrónicos de Monedero.
Ambos informes fueron encargados hace meses, de modo que aunque sean incorporados a la causa cuando ya se haya decretado el fin de la instrucción, seguirían siendo válidos.
Por eso, y «no habiendo más diligencias de investigación que practicar procede denegar la prórroga del plazo de instrucción» solicitada por Vox y apoyada por las acusaciones que ejercen la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y la exsenadora de Podemos Celia Cánovas.
La Fiscalía, por contra, se opuso a seguir investigando, como ya hizo el pasado mes de enero.
El juez también rechaza en su auto tomar declaración al representante legal de Podemos, una práctica solicitada por Pro Lege que no considera «ni hábil ni necesaria».
El magistrado investiga en esta causa la contratación por 363.000 euros de la consultora Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y la factura de 26.200 euros que cobró Juan Carlos Monedero de la empresa Neurona Consulting por trabajos de asesoría política, que la Policía considera que es «falsa».
Fuente: EFE
