El juez de Barcelona que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo cree que el entorno del expresidente catalán contó con apoyo ruso y de activistas como Julian Assange en su «estrategia de desestabilización» de la Unión Europea (UE).
Así lo recoge el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en el auto en que autoriza las detenciones y registros practicados este miércoles por la Guardia Civil en la tercera fase de la operación Volhov contra una supuesta trama acusada de desviar subvenciones públicas para financiar los gastos de Puigdemont en Bruselas.
En la operación, han sido detenidas 21 personas, entre ellas el exconseller de ERC ,Xavier Vendrell, el empresario de la comunicación Oriol Soler, el exdirigente de CDC David Madí -todos ellos miembros del «estado mayor del procés»-, así como el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, y el excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas, Xavier Vinyals, entre otros.
El juez resalta en su auto que el 9 de noviembre de 2017 Oriol Soler se entrevistó en la embajada de Ecuador en Londres con Julian Assange, el responsable de Wikileaks, cuando se encontraba huido de la justicia estadounidense, para recabar su apoyo en la estrategia para la internacionalización del proceso independentista.
En su escrito, el juez recoge el contenido de un informe de la Guardia Civil que apunta a que esa reunión se enmarca en la «estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso».
En los atestados de la Guardia Civil que el juez refiere en su auto se destacan las vinculaciones de Oriol Soler con Julian Assange así como la posibilidad de que el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin hubiese recurrido al procés en el marco de «sus campañas geopolíticas de desestabilización».
Según resalta el auto, a partir de la información proporcionada por la Guardia Civil, con independencia de que Soler haya sido el artífice de campañas a favor del procés «en el libre ejercicio de sus derechos», como la libertad de expresión, «lo cierto es que sus relaciones con la Generalitat se vehiculan a través de cuantiosos contratos públicos y, sobre todo, subvenciones», que entre 2016 y 2020 alcanzaron los casi 3 millones de euros.
La Guardia Civil admite en su escrito, del que el juez reproduce fragmentos en su auto, que no se puede determinar si la concesión de estos contratos y subvenciones a Soler fue irregular, aunque «sí que es cierto que a través de los contratos menores se estaba beneficiando» a sus empresas, «eludiendo la concurrencia pública».
