Ha habido menos problemas para ratificar en el Congreso las medidas relativas al recibo de la luz, con una votación muy ajustada en cuanto a los interinos
El Congreso ha aprobado este miércoles la rebaja transitoria de dos de los impuestos que cargan el recibo de la luz (IVA e impuesto sobre la producción) para compensar los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista -máximo histórico este miércoles, en 106,57 euros/megavatio (MWh)-,tanto para los consumidores como para las empresas.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado en el debate de convalidación del real decreto -aprobado con 193 votos a favor, 3 en contra y 152 abstenciones- que las previsiones de precios altos «no parecen despejarse en los próximos meses».
El decreto recoge una rebaja del IVA de la electricidad del tipo general del 21% al 10% hasta final de año para todos aquellos consumidores que tengan una potencia contratada de hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista se sitúe por encima de los 45 euros por MWh.
Esta reducción temporal del IVA, que afecta tanto a usuarios a tarifa regulada como a aquellos que contratan su suministro en el mercado libre, también se aplicará hasta fin de año a todos los consumidores vulnerables con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.
Beneficiará, según los datos que ha aportado la ministra de Transición Ecológica, al 97% de los consumidores y a 2,8 millones de empresas y autónomos y a 612.000 hogares vulnerables.
La norma incluye también la suspensión del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre de este año, lo que redundará en una bajada de precios en el mercado eléctrico de unos 6 euros por MW/h, pues los operadores dejarán de internalizarlo como coste y, por tanto, de repercutirlo en sus precios.
Queda inalterado el otro impuesto que grava el recibo de la luz con un 5,11%, denominado impuesto de electricidad.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la rebaja del IVA supondrá un ahorro para hogares y pymes de unos 650 millones de euros durante este año y Hacienda eleva el impacto recaudatorio hasta los 900-1.100 millones.
Las subidas de los precios, ha dicho Ribera, «no responden a decisiones del Gobierno» y no son «exclusivos de España», sino que responden al «diseño de la política energética en la Unión Europea». «Hemos hecho ver esta disfunción» en la Unión Europea.
La vicepresidenta tercera ha explicado que la evolución del precio del gas en los mercados internacionales y la subida de los precios de los derechos de emisión de CO2 están en el origen del aumento de la factura eléctrica.
En concreto, ha señalado que la evolución de los precios de las emisiones de CO2 no estaba considerada como probable «en ninguno de los análisis de impacto», que calculaban 25 euros por tonelada para 2025 y 50 euros en 2030. En estas últimas semanas se ha movido entre 50 y 58 euros.
La señal de precios del CO2, según Ribera, «no puede ser una guillotina para los consumidores domésticos e industriales» y es preciso hablar de ello en el ámbito europeo.
Ribera ha defendido la necesidad de eliminar «paulatinamente» los cargos de la factura y «así pretendemos hacerlo», pero el funcionamiento del mercado y la evolución del CO2 «depende de otros actores, no solo de la UE», por lo que «todo apunta que esto puede tardar algún tiempo».
El diputado del PP Juan Requena ha dicho que «el consumidor no se ahorra ni un sólo euro» con las medidas aprobadas este miércoles en el Congreso.
A la ministra le ha espetado que «su transición energética es una calamidad y un desastre», además de que las medidas aprobadas «no atacan el problema y tienen un componente de engaño» porque «no hacen nada para limitar la volatilidad del mercado mayorista».
La cámara ha rechazado tramitar este real decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votación muy ajustada sobre los interinos
El pleno del Congreso también ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público en una votación muy ajustada que el Ministerio de Hacienda ha logrado salvar «in extremis» tras un acuerdo con ERC, que también ha cambiado el sentido del voto de otros socios del Gobierno.
El decreto ley ha salido adelante en la segunda votación con 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones, después de una primera votación en la que ha habido empate.
Además, se ha aprobado mayoritariamente su tramitación como proyecto de ley, un proceso legislativo que la ministra María Jesús Montero considera que debe estar concluido a finales de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados.
Para facilitar su aprobación, el Gobierno ha pactado que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.
Asimismo, la norma incluirá durante su tramitación como proyecto de ley que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino.
Fuente: EFE
