El Gobierno ha anunciado este miércoles la modificación de la ley antidesahucios. La norma hasta hoy obligaba al desalojo «si la entrada era un delito» y ahora exige que esos okupas «sean violentos» para poder echarlos
Garzón ha introducido un cambio en el decreto de protección al consumidor que exige «violencia e intimidación» para poder desalojar a los okupas durante el estado de alarma.
El Ministerio de Consumo ha cambiado el artículo 1 bis de la normativa y ahora el texto establece como requisito para expulsar a los usurpadores que «la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas».
Hasta el momento la normativa establecía que se debía desalojar la vivienda cuando «la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de un delito».
Según ha adelantado elEconomista, David Lucas, secretario de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes ha destacado que «esto se ha hecho para que los jueces puedan detectar que hay personas vulnerables en la vivienda y no se queden en la calle» y ha aclarado que «no se hace para amparar ningún tipo de actividad delictiva».
