Teresa Ribera afirma que el Gobierno está buscando modos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista
El Gobierno obligará a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales, una medida que irá incluida en un plan de choque para amortiguar el impacto en el recibo de la luz del encarecimiento del mercado eléctrico mayorista y que prevé aprobar en las próximas semanas.
Los precios en el mercado eléctrico o pool se encuentran actualmente en máximos históricos, entre otras cuestiones, por los altos precios del gas natural, materia prima que utilizan los ciclos combinados, las centrales más caras y que están marcando el precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado.
«La perspectiva del gas sigue siendo preocupante», por eso, el Gobierno trabaja desde comienzos de verano en un paquete de medidas adicionales, ha dicho en declaraciones a Antena 3 la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, que ha confiado en poder llevar dichas medidas al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Esas medidas incluirán el fortalecimiento de la cobertura a los consumidores vulnerables y medidas para asegurar que la malas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas (venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios) no se vuelva en contra de los consumidores.
Además, se crearán mecanismos de mercado «alternativos» compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un «peso importante» en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales «a un precio fijado por subasta», ha dicho la ministra.
Europa no permite que los gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear (más baratas de producir), ha recordado Ribera, que ha subrayado que por ello están trabajando en pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales.
El objetivo es «hacer las cosas bien», para evitar batallas legales o arbitrajes internacionales, y buscar otros modos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista, según Ribera, que en reiteradas ocasiones ha abogado por «achicar» el pool.
«El crecimiento exponencial del pool no se ha reflejado en las facturas. Alguna gente ha pagado lo mismo, otra algo menos o otra algo más», ha afirmado Ribera, tras recordar que el Ejecutivo ha rebajado temporalmente el IVA que graba el recibo eléctrico y suspendido el impuesto a la generación.
En todos los países de la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por el gestor del sistema y mediante un sistema marginalista que implica que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las centrales que aporten energía en esa hora.
En España el precio del pool tiene un peso en torno al 24 % en la factura de la luz de más de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que en otros países la tarifa regulada se calcula tomando como referencia otros indicadores.
Los consumidores que contratan su suministro en el mercado libre, que son unos 17 millones, pagan por el kilovatio hora los precios que pactan por contrato con las comercializadoras, por lo que no se ven afectados por las oscilaciones del pool de manera inmediata, aunque sí verán sus facturas incrementadas en caso de que la tendencia al alza se mantenga en el largo plazo.
Fuente: EFE
