Este nuevo paro indefinido ha reavivado el temor a problemas de suministro como los sufridos el pasado marzo durante las movilizaciones de los transportistas
La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte mantiene su convocatoria de paro indefinido a partir del lunes, tras no haber llegado a un acuerdo con los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) con los que se han reunido esta mañana.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido este jueves en una reunión con la dirección de la plataforma a «reforzar» las inspecciones para garantizar que estos no trabajen por debajo de sus costes, una de sus principales reivindicaciones.
Atendiendo a la solicitud realizada por carta hace unos días por la plataforma, el Ministerio le ha trasladado hoy que «la inspección ya está actuando para garantizar el cumplimiento de la ley» que garantiza que los transportistas no trabajen a pérdidas y que, «en las próximas semanas, se aprobará un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones».
El plan incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada, según el Ministerio.
Un documento firmado antes de las 12 de la noche del domingo
Sin embargo, la plataforma considera que, tras la reunión a la que fue convocada «por vía de urgencia», falta la contestación del Ministerio a si, finalmente, está dispuesto a que, antes del domingo a las doce de la noche, haya «un documento con unos compromisos serios y firmados de lo más necesario y lo más relevante, para poder llegar a tomar otra decisión distinta a la que ahora mismo está tomada».
Todo lo que se anuncie tendrá que recogerse en un acuerdo firmado, que los transportistas luego valorarán y considerarán si es suficiente o no para desconvocar el paro, ha señalado a los medios el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, a la salida de la reunión en el Ministerio.
«Nos encontramos en una situación crítica», ha lamentado Hernández, para asegurar que, si los transportistas tuvieran tiempo, el planteamiento de la plataforma habría sido otro distinto, pero no lo tienen cuando, a diario, empresas pequeñas de transporte cesan la actividad por la imposibilidad económica.
La organización pide, entre otras cosas, que el número de inspectores se incremente, tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas; y un plan de inspección formal firmado, con unas fechas concretas, donde se tenga la garantía de que se va a trabajar para hacer cumplir la ley.
Según Hernández, la responsabilidad de los incumplidores tiene que ser de todos aquellos que participen en un servicio de transporte -transportista, cargador y cargador principal-, y el importe de las sanciones debe ser ejemplar, a proporción al daño que se hace al mercado cuando existe una competencia desleal.
Los transportistas también piden que se quite de la ley la excepción de los contratos continuados, algo que es fundamental.
En este sentido, ha explicado que, aunque está prohibido que el precio que se le paga al transportista no cubra sus coste reales de explotación, si este transporte se realiza bajo un contrato continuado, no se puede sancionar al cargador que pague por debajo.
«No tiene sentido que se prohíba una cosa, pero si se le da un carácter jurídico, según de qué manera, al servicio, quede exento de las multas», ha matizado.
Hernández ha subrayado que la situación «agobiante económicamente» en la que se encuentran los transportistas es prácticamente la misma que en marzo pasado, cuando la plataforma convocó un paro indefinido que duró veinte días.
Ha agregado que el Ministerio se ha comprometido a estudiar sus reclamaciones y contestar a la plataforma, por lo que, el balón queda ahora en su tejado y debe pronunciarse si tiene la voluntad de que se produzca de una manera inmediata un acuerdo firmado, ya que, de lo contrario, se iniciará el paro tal y como está previsto.
Fuente: EFE
