Los partidos ya no podrán ejercer la acusación popular y la Fiscalía controlará la información de los casos si se aprueba la reforma
El Consejo de Ministros estudia este martes el anteproyecto de ley que otorgará la investigación de las causas penales a los fiscales en sustitución de los jueces de instrucción, una amplia reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) planteada por gobiernos precedentes sin llegar a buen puerto.
Tras este primer paso, el texto tiene que ser sometido al dictamen de los distintos órganos consultivos antes de regresar a la mesa del Consejo y remitirlo al Congreso como proyecto de ley. Entre las numerosas reformas que incluye, destaca la apuesta por que sea el fiscal quien dirija la investigación penal que ahora está en manos de los jueces de instrucción, un cambio que implica importantes modificaciones en todo el proceso penal y que tardaría varios años en aplicarse.
Un juez de garantías se encargará de vigilar que se respetan los derechos de las partes durante la investigación del fiscal: deberá autorizar las medidas que supongan una injerencia en derechos fundamentales, como la intervención de las comunicaciones, adoptará las medidas cautelares pertinentes y asegurará la realización de diligencias relevantes que interesen al investigado.
Otra de las claves de la reforma es la superación del concepto de «juzgado» como órgano unipersonal de instancia con la creación de órganos colegiados, los tribunales de instancia, con capacidad de ejercer sus competencias en forma unipersonal o colegiada en función de las necesidades del caso concreto.
El anteproyecto regula también la acusación popular como vía de participación ciudadana en la administración de justicia y excluye de esta fórmula a partidos y sindicatos para evitar que se instrumentalicen los procesos.
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