martes, abril 23, 2024
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El Gobierno deja la puerta abierta a un posible indulto para Griñán tras su condena por los ERE de Andalucía

La ministra de Política Territorial señala que se trata de una «circunstancia desconocida» hasta el momento, debido a la enfermedad que padece el condenado

Desde el Ejecutivo no aclaran si habrá indulto para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por el caso ‘ERE’. Ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien no ha querido dar detalles este miércoles sobre si contemplan conceder esta medida de gracia.

La cuestión se formula tras conocerse que mientras la mayoría de condenados por el caso de los ERE ingresan en prisión durante estos últimos días, Griñán no lo hará hasta que la Audiencia de Sevilla reciba un informe del Instituto de Medicina Legal sobre el cáncer de próstata que padece.

Rodríguez señala que en todos los casos «hay que respetar todos los derechos», recordando que la familia del expresidente y exministro socialista ha solicitado ese indulto. Asimismo, la ministra apunta que se trata de una «circunstancia desconocida» hasta el momento ya que el condenado «padece una enfermedad», por tanto, «lo primero es su pronta recuperación».

La defensa de Griñán se escuda en que las pruebas realizadas confirman el «alto riesgo» del cáncer de próstata que padece y por el que ya ha iniciado el tratamiento. El abogado subrayaba que el ingreso en un centro penitenciario «incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado, dificultaría su control por especialistas en onco-urología y podría reducir su expectativa de vida».

Así, la Audiencia ha accedido a que Griñán no entre en la cárcel hasta que el Instituto de Medicina Legal emita su informe, para lo que podría someter a pruebas médicas al expresidente o dar por buenos los informes que ha presentado su defensa. El socialista fue condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por los delitos de malversación y prevaricación en la llamada pieza política del caso de los ERE en Andalucía.






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