miércoles, noviembre 30, 2022
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El Gobierno da luz verde a la reforma de las universidades: guerra a la temporalidad y una amenaza para muchos centros privados

Las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a investigación y ofrecer estudios en al menos tres grandes ramas del saber

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Universidades auspiciada por el ministro del ramo, Manuel Castells. Según el nuevo texto, las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a la investigación y su personal docente e investigador con contrato temporal no podrá exceder el 20% de la plantilla.

Otra de las novedades de la reforma es que todos aquellos centros «que no sean de carácter social», es decir, los privados que no sean una fundación, perderán el histórico privilegio del que siempre ha gozado el sistema educativo de quedar exentos del pago del IVA.

Requisitos académicos

Además, los centros deberán ofrecer estudios en como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura), algo que repercutirá de manera muy directa sobre aquellas universidades especializadas en algún área en concreto, como las escuelas de negocios.

Por otro lado, será imprescindible que las universidades ofrezcan como mínimo diez títulos oficiales de grado, seis de máster y dos programas oficiales de doctorado.

La reforma contempla, además, que el personal docente e investigador que dé clases esté compuesto, como mínimo, por un 50% de doctores y que los que impartan enseñanzas de doctorado estén en posesión del título de doctor.

Además, el texto obliga a que el alumnado de grado y dobles grados será, como mínimo, el 50% del total del estudiantado oficial.

Especifica, asimismo, que el profesorado de las universidades privadas y de los centros privados adscritos a universidades, no podrá ser personal funcionario de un cuerpo docente universitario en activo y destino en un centro público así como tampoco personal docente e investigador laboral a tiempo completo en la misma situación.

Desde la entrada en vigor de la reforma, los centros universitarios dispondrán de hasta cinco años para adaptarse a los nuevos requisitos docentes.

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