La oposición sospecha que este traspaso de competencias beneficiará a los presos de la banda terrorista
El Gobierno y el País Vasco firman este lunes el traspaso de la gestión de las prisiones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa a la Comunidad Autónoma Vasca, que suman 966 reclusos, aunque la transferencia efectiva no se hará hasta el 1 de octubre.
Este lunes se firman en Bilbao cuatro traspasos de competencias, aunque la que ha suscitado más polémica es la de las prisiones, cuya gestión hasta ahora solo Cataluña ejerce entre las autonomías.
El País Vasco cuenta con tres centros penitenciarios que albergan actualmente a 966 internos. Son los de Basauri (Vizcaya), con 149 internos; Nanclares (Álava), la más grande y moderna, con 623 reclusos, y Martutene (Guipúzcoa), con 194.
Los tres inmuebles serán traspasados al País Vasco. Además, cuando se termine la nueva prisión guipuzcoana de Zubieta, pasará a depender del Gobierno de Iñigo Urkullu, y a su vez este devolverá la actual Martutene al español, que la cerrará.
La transferencia también incluye el edificio de la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada y ya no acoge a población reclusa.
También se transferirá a la CAV el personal que atiende a las tres prisiones: 620 funcionarios y 50 laborales, que a partir de ahora cobrarán del Gobierno Vasco.
El traspaso incluye la gestión de las prisiones, es decir, la competencia sobre su organización y funcionamiento. Se trata de una transferencia prevista en el Estatuto de Guernica, hace 41 años, y que ya ejerce Cataluña, aunque las normas y reglamentos penitenciarios siguen siendo los mismos para toda España.
Recelo sobre el futuro de los presos de ETA
Esta legislación establece que son las juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.
Este punto es el que mas polémica política ha causado, por las sospechas de partidos como el PP en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de ETA.
Actualmente, en las tres cárceles vascas apenas hay treinta presos de ETA. Todo después de que en los últimos meses se hayan intensificado los acercamientos de miembros de la banda a prisiones del norte de España.
El Gobierno Vasco ha rechazado esas sospechas y ha insistido en que su intención es potenciar la reinserción de todos los reclusos, objetivo que figura en la Constitución.
