sábado, abril 20, 2024
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El Gobierno catalán se atribuye la «decisión final» de aplazar el 14F

Se volverá a reunir la mesa de partidos para tomar una «decisión definitiva» sobre si hay que aplazar los comicios

La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que es al Gobierno catalán a quien le corresponderá tomar la «decisión final» sobre un posible aplazamiento de las elecciones previstas para el 14 de febrero, aunque se buscará el «consenso» con todos los partidos catalanes.

En la rueda de prensa telemática posterior a la reunión semanal del Gobierno catalán, Budó ha explicado que este viernes se volverá a reunir la mesa de partidos con representación en el Parlamento para tomar una «decisión definitiva» sobre si hay que aplazar los comicios, en base a los últimos datos y proyecciones epidemiológicas.

Si no hubiese un «consenso absoluto», ha puntualizado, «le tocaría al Gobierno catalán acabar de tomar la decisión», como «les tocó a los gobiernos de País Vasco y Galicia» en la pasada primavera, cuando en pleno confinamiento optaron por posponer sus comicios autonómicos.

Budó ha afirmado que en País Vasco y Galicia, que retrasaron los comicios del 5 de abril al 12 de julio, se buscó primer el consenso parlamentario y finalmente los gobiernos decidieron aplazar las elecciones.

En Cataluña, sin embargo, los comicios del 14F fueron convocados de manera automática al vencer los plazos tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente, por lo que su aplazamiento podría abrir una nueva polémica, ya que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido de que con los datos epidemiológicos disponibles «no hay ningún motivo para aplazar las elecciones».

Este jueves, ha explicado Budó, se celebrará una primera reunión «técnica» entre el Gobierno catalán y partidos para valorar datos los últimos sanitarios y preparar la sesión decisiva del viernes.

Budó ha evitado dar su opinión personal sobre si deben o no celebrarse las elecciones el 14F, porque el Gobierno catalán aún no ha tomado una decisión al respecto y no llevará una propuesta cerrada a la reunión del viernes.

Pero a lo largo de su comparecencia, ha desgranado argumentos para tomar en consideración un aplazamiento, después de que ayer lunes el Departamento de Salud emitiese un informe en el que alertaba de que el «pico de presión asistencial» en las UCI puede alcanzarse pocos días antes del 14F.

La consejera ha puesto de relieve la «tendencia al alza» de los contagios de coronavirus en Cataluña tras las fiestas navideñas, hoy con «7.000 positivos más que ayer», una «situación grave» que a su juicio debe «hacer reflexionar», porque no hay que «exponer, si no es necesario, a la población a riesgos epidemiológicos».

A la hora de tomar la decisión ante este «escenario incierto», ha recalcado, habrá que atenerse a los «criterios sanitarios» y a los datos epidemiológicos, de manera que «todo el mundo tenga garantizado el derecho a voto» y el «derecho a la salud».

«Los datos en estos momentos nos hacen pensar que el 29 de enero no estaremos mucho mejor que ahora», ha alertado.

En caso de decidirse un aplazamiento, ha dicho, habría que «escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias» para ver en qué otro momento se podrían celebrar los comicios.

De momento, los servicios jurídicos de la Generalidad y el área de Procesos Electorales están valorando las consecuencias legales que conllevaría un hipotético aplazamiento.

Si así se decidiese por consenso en la reunión de la mesa de partidos del viernes, el Gobierno catalán debería reunirse para aprobar un decreto de suspensión y aplazamiento de los comicios, que firmaría el vicepresidente sustituto del presidente, Pere Aragonès.

Mientras tanto, el Gobierno catalán ya ha autorizado una transferencia de 5,2 millones de euros desde el Fondo de Contingencia, para atender gastos de organización de las elecciones y financiar el envío de sobres y papeletas de los partidos del arco parlamentario.

Si el viernes se decide seguir adelante con la convocatoria del 14F, la semana que viene se comprometerán más de 10 millones de euros para acometer la impresión y el envío de documentos electorales y se escogerán los miembros de las mesas.

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