Este miércoles se cumple el plazo fijado por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos para depositar 5,4 millones de euros
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña no ha encontrado aún ningún banco que avale las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos, que les reclama 5,4 millones de euros por promover el «procés» en el exterior, cuando faltan 24 horas para que venza el plazo límite.
Así lo ha anunciado tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, quien ha añadido que su administración evitará comprometer a los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en la operación, después de que el Tribunal de Cuentas denegara la prórroga solicitada por varios ex altos cargos de la Generalidad encausados.
Ante esta situación, la mayoría de los 34 ex altos cargos del Gobierno catalán implicados depositarán bienes y propiedades personales para cubrir el máximo de la suma exigida en el plazo fijado, mientras partidos y entidades independentistas se movilizan para aportar donativos que contribuyan al pago de las fianzas, en lo que denominan «caja de solidaridad».
El pasado 6 de julio, el Gobierno catalán aprobó por decreto la creación de un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado, con dinero público, el referéndum unilateral del 1-O en el extranjero.
El fondo iba a funcionar con un mecanismo similar al de un seguro privado: una entidad financiera avalaría las fianzas, con un contraaval de la Generalidad que se canalizaría a través del ICF.
Un total de 31 de los 34 ex altos cargos afectados, entre ellos Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, se habían acogido a este Fondo Complementario de Riesgos, que sigue así pendiente de conseguir la colaboración de una entidad bancaria.
Tras la reunión semanal del Gobierno catalán, Giró ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que, pese a que el ejecutivo catalán ha trabajado «con celeridad» para encontrar una solución, ninguna entidad bancaria consultada se ha prestado a colaborar.
«Las primeras entidades financieras con las que hemos contactado, bancos o cooperativas de crédito, todas ellas con un negocio significativo en Cataluña, no han considerado oportuno aceptar nuestro ofrecimiento de formalizar la garantía de esta operación», ha reconocido.
Según Giró, «esta operación no tiene ningún riesgo técnico, financiero, jurídico ni comercial», pero los bancos se han podido sentir amedrentados por declaraciones «muy subidas de tono» de «partidos de derecha y extrema derecha», que denunciaban que este fondo implicaba «fraude de ley, prevaricación y malversación».
«Mucho ruido y poco tiempo», ha constatado Giró como razón que explicaría la negativa de los bancos contactados, que han podido sentir «miedo».
En busca de alternativas
Pese a ello, el Gobierno catalán «persistirá» en busca de una entidad bancaria que esté dispuesta a colaborar, aunque sea en tiempo de descuento.
Mientras tanto, los partidos y entidades independentistas y la «caja de solidaridad» -que acumula donativos para ayudar a hacer frente a procesos judiciales por el «procés»- ya están buscando reunir todo el dinero posible para «cubrir la urgencia» de las fianzas.
Según han informado fuentes jurídicas a Efe, los encausados han optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumaría el dinero recaudado por la Caja de Solidaridad.
En paralelo, los abogados de algunos encausados se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas.
Lo que ha descartado Giró, pese a ser una alternativa contemplada en el decreto que aprobó el propio Gobierno catalán, es que el ICF se haga cargo provisionalmente de las fianzas si no surge ningún banco.
«He decidido no someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes vividos en este país últimamente, seguro que provocaría angustia, inquietud y miedo, tanto a ellos como a sus familias», ha explicado.
Si los ex altos cargos encausados no garantizan los 5,4 millones de euros antes del plazo máximo fijado por el Tribunal de Cuentas, que vence este miércoles, se podría iniciar el proceso de embargo de sus propiedades para asegurar esas cantidades.
Los 5,4 millones deben ser abonados, de forma solidaria, por el conjunto de los ex altos cargos a los que se mantiene la acusación.
Fuente: EFE
