El proyecto de ley prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil dedicado a homenajear a ambos bandos de la guerra
La nueva Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos legislativos que con más ahínco defendió la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, hasta su salida del Ejecutivo, ha sido aprobada este martes una semana después de su sustitución en Presidencia por el nuevo ministro Félix Bolaños.
Se trata de una nueva norma que pretende ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.
Así, el proyecto avalado por el nuevo Gabinete de Sánchez es el resultado de las modificaciones sumadas al anteproyecto al que se dio el visto bueno en septiembre de 2020, entre ellas algunas sugeridas por el CGPJ, como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco, o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.
El Ejecutivo lleva ahora al Parlamento con la idea de recoger las aportaciones que puedan hacer los grupos parlamentarios, sobre todo los de izquierda.
Retirada de símbolos y transformación del Valle de los Caídos
Le ley recoge un amplio abanico de preceptos, como la anulación de los juicios represivos del franquismo, la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos de la dictadura, el impulso a las exhumaciones de restos de los represaliados o la transformación del Valle de los Caídos, una vez que Franco ya no está en el mausoleo, en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos de la contienda.
Igualmente prevé dotar al Tribunal Supremo de un fiscal de Sala para proteger los derechos de las víctimas e impulsar la investigación de los crímenes del franquismo.
Se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados «lugares de memoria democrática».
También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.
Se incluyen además medidas en el ámbito educativo para incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.
Fuente: EFE.
