miércoles, abril 24, 2024
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El Gobierno aprueba el techo de gasto, mantiene las previsiones del PIB y estudia subir el SMI antes de que termine 2021

Habrá 196.142 millones de euros como techo de gasto, con un 6,5% de crecimiento previsto para 2021 y del 7% para 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un techo de gasto para 2022 de 196.142 millones de euros, ligeramente por encima del inicialmente aprobado para 2021 (196.097 millones), lo que supone un nuevo máximo histórico, con una previsión de déficit público del 5% del PIB.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que este «histórico» límite de gasto no financiero, un paso clave hacia el futuro Presupuesto de 2022, fortalecerá los servicios públicos e impulsará el cambio de modelo productivo «de la mano del Plan de Recuperación».

El Consejo también ha establecido la referencia de déficit para 2022, del 5% del PIB, igual que se comunicó a Bruselas en abril y 3,4 puntos menos de lo que se espera en 2021.

Al igual que el año pasado, el Gobierno ha solicitado al Congreso que «vuelva a apreciar que existe una pandemia» y, por lo tanto, se dan las condiciones para activar el artículo de la ley de estabilidad que permite no fijar objetivos, sino simplemente una referencia.

Aunque no cambia la referencia de déficit global, sí lo hace el reparto de déficit por subsectores, que en el caso de la administración central asciende al 3,9% del PIB (cuatro décimas más de lo estimado en abril) para asumir un mayor impacto de la pandemia.

En cambio, el déficit previsto para la Seguridad Social baja al 0,5%, tres décimas menos, ya que el Estado avanzará en la asunción de «gastos impropios» de este subsector con el objetivo de garantizar la sostenibilidiad del sistema de pensiones y que estas se puedan actualizar confirme al IPC.

Montero ha detallado que esta transferencia a la Seguridad Social ascenderá a 18.396 millones de euros, un 32% más que el ejercicio anterior, como parte del «compromiso de que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social», cifrados en unos 22.000 millones de euros, a lo largo de la legislatura.

La referencia de déficit para las comunidades autónomas se mantiene en el 0,6% y la de las corporaciones locales, en equilibrio presupuestario, algo que se abordará este miércoles en la Conferencia de Política Fiscal (CPFF) y Financiera y la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL).

A pesar de que no hay objetivos vinculantes, eso «no implica que no exista una responsabilidad» y una apuesta por la consolidación fiscal y presupuestaria, ha aclarado la titular de Hacienda.

La ministra ha señalado que el aumento del techo de gasto es compatible con la reducción del déficit gracias a la previsión de crecimiento económico, que elevará un 4,6% los ingresos tributarios totales, y a que los fondos europeos son «neutros» para el presupuesto, ya que computan en términos de contabilidad nacional, con independencia del calendario de pagos -España recibirá 18.000 millones en 2022, frente a los 19.000 de este año-.

El techo de gasto una vez descontados los fondos europeos es de 169.787 millones, un 0,7% más.

El techo de gasto de 2022 incorpora 25.622 millones para el Plan de Recuperación, un 2,5% más, y 733 millones de React-EU, frente a los 2.436 millones de 2021 (ya que el Estado solo computa la parte destinada a Sanidad, que este años ha sido más elevada para hacer frente a la pandemia).

De esta manera, el impacto global de los fondos será menor el próximo año.

Montero ha subrayado que la aprobación del techo de gasto -que no necesita pasar por las Cortes- constituye un segundo hito, tras la orden ministerial publicada en junio, para la elaboración de los futuros Presupuestos de 2022, que el Ejecutivo quiere aprobar «en tiempo y forma», lo que supone que lleguen al Congreso antes del final de septiembre.

La orientación de estos Presupuestos, ha añadido, será consolidar el crecimiento económico y lograr un modelo más productivo, feminista, ecológico y «justo socialmente», por lo que ha tendido la mano a todos los grupos políticos para su futura aprobación, «prioritariamente» con quienes han aprobado las cuentas otros años.

Se mantienen las previsiones del PIB

El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento económico del 6,5% para 2021 y del 7% para 2022, según el cuadro macroeconómico abordado este martes en el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este año no obstante habrá una menor aportación de la demanda nacional y una mayor de las exportaciones de la prevista hace tres meses.

La vicepresidenta económica ha asegurado que, un año y medio después del inicio de la pandemia, «está en marcha una sólida recuperación económica» con un avance del PIB que podría incluso superar el 2% en tasa interanual en el segundo trimestre de este año.

En el desglose de la previsión de PIB para 2021, Calviño ha destacado un mayor dinamismo de la inversión en bienes de equipo, con una mejora de tres décimas frente a la anterior previsión hasta crecer el 16,5 %, que no obstante es contrarrestada por un peor comportamiento de la destinada a construcción.

Sin embargo, ha destacado la «sorpresa positiva» de las exportaciones, con una previsión de crecimiento del 10% (ocho décimas más), mientras que las importaciones se mantienen, de forma que el sector exterior pasa de restar dos décimas a sumar una al crecimiento.

Y en esa mejora, el mercado de trabajo es «el mejor indicador», ha dicho Calviño, ya que el empleo crecerá el 4% en 2021 y el 2,7% en 2022, al mismo ritmo que el previsto en la anterior revisión, lo que situará la tasa de paro en el 15,2% este año y el 14,1% el que viene.

Esta tasa de paro es diez puntos inferior a la prevista por algunos organismos económicos, ha subrayado Calviño, quien ha atribuido esta mejor situación a las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno como los ERTE, las ayudas a autónomos, los avales del ICO o las moratorias.

Desde el casi millón de trabajadores protegidos por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en febrero de este año, su número se ha reducido de forma sostenida hasta situarse en los 340.000 en la actualidad, de los que un tercio están con una reducción parcial de empleo.

Asimismo, el número de autónomos con una prestación extraordinaria por cese de actividad vinculada a la covid se situó a finales de junio en los 160.000, marcando así el menor nivel en nueve meses.

Por otro lado, el dinamismo en la afiliación a la Seguridad Social experimentado en 2021, tras la caída de 2020, ha permitido alcanzar ya en junio los niveles previos a la pandemia y recuperar «el 90% del empleo neto perdido» tras el impacto de la covid, quedando tan solo 450.000 personas desempleadas o en ERTE.

El deflactor del consumo privado -indicador que muestra la evolución de los precios pero que no es exactamente la inflación- apunta a un repunte del 1,9% este año, un punto más del previsto hace tres meses, dato que muestra «un gran dinamismo», dicho Calviño.

La vicepresidenta primera ha cuantificado en los 60.000 millones de euros en ahorro forzoso y precautorio del primer trimestre del año.

Respecto al déficit, el Gobierno mantiene su previsión para este año en el 8,4% y para el que viene en el 5%, si bien modifica su composición para 2022, ya que el Estado eleva el suyo cuatro décimas, hasta el 3,9%, mientras que Seguridad Social y comunidades autónomas reducen el suyo.

Posible subida del SMI para lo que queda de año

Nadia Calviño también ha avanzado este martes que en septiembre y, en función de la evolución del empleo, se verá «si es posible recuperar la senda de aumento del SMI» y «acordar un alza para los meses finales de este año».

Según ha destacado Calviño, en junio ya se ha recuperado más del 90% del empleo neto perdido tras el primer golpe de la pandemia quedando unos 450.000 trabajadores en ERTE o en desempleo de los que perdieron su empleo en ese momento y siendo la «prioridad» su regreso al mercado laboral.

Y en ese contexto, ha señalado Calviño, se podrá analizar en septiembre un alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), congelado en 2021 en 950 euros mensuales, tras los fuertes incrementos aprobados en los últimos años.

Si se mantiene el ritmo de creación de empleo en verano, ha apuntado, en otoño tendremos «niveles de empleo cercanos a los de febrero de 2020» y en septiembre «veremos si es posible recuperar la senda de aumento del SMI en la que estábamos antes de la pandemia y acordar un alza para los meses finales del año».

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido un alza del SMI para este año que Calviño había condicionado a la evolución del empleo enfriando en la primera mitad del año la posibilidad de un incremento.

Desde los sindicatos habían reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión «con la más brevedad y rapidez posible» para concretar un calendario de subidas del SMI hasta 2023 y habían advertido de que si no se daba una subida este mismo año endurecerían sus protestas.

«Siempre he expresado el deseo de que cuanto antes se diesen las circunstancias para recuperar esa senda», ha afirmado Calviño, que ha incidido en que «no hay debate» dentro del Gobierno en el compromiso de que este salario alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura.

«Si se mantiene la tendencia positiva del mercado laboral (…) en septiembre podemos considerar la subida del SMI en lo que queda de año», ha reiterado.

Fuente: EFE

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