Los problemas del gigante chino podrían traducirse en problemas financieros más amplios en el propio país asiático y a nivel global
Las autoridades chinas «tienen las herramientas para intervenir» si la crisis del endeudado gigante inmobiliario Evergrande y sus implicaciones para el sector en el país asiático se agravasen, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La actualización de octubre del Informe sobre Estabilidad Financiera Global del FMI, publicada este martes, apunta que, por el momento, el contagio a otras inmobiliarias chinas se ha limitado a promotoras que ya se encontraban en una situación de debilidad financiera y cuya deuda ya tenía calificaciones bajas.
«Nuestra evaluación es que las autoridades chinas tienen potencia y espacio fiscal, así como medios legales e institucionales, para abordar el problema», apuntó en una rueda de prensa virtual el director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI, Tobias Adrian.
Aparte de Evergrande -que tiene más de 300.000 millones de deuda y que parece dirigirse al impago de algunos de sus bonos ‘offshore’-, en las últimas semanas algunas promotoras de menor tamaño como Sinic, Xinyuan o Fantasia han revelado que tienen problemas de liquidez para hacer frente a sus obligaciones.
Posibles consecuencias globales
Pese a su confianza en las capacidades de Pekín, el organismo advierte de la posibilidad de que emerjan problemas financieros más amplios, con implicaciones para la economía china y, en un caso extremo, para los mercados globales de capitales.
Acerca del impacto doméstico, el FMI explica que la exposición de los bancos chinos a Evergrande es limitada, pero podría tornarse «significativamente más grande» en el caso de que los problemas del conglomerado se tradujeran en una crisis general del sector inmobiliario.
Asimismo, el dossier advierte de que parte de esta deuda se ha acumulado mediante «canales opacos y difíciles de cuantificar» que crean un «alto nivel de interconexión» con el sistema financiero.
Un efecto dominó en el sector inmobiliario supondría un «impacto adverso» para el crecimiento económico, afectando también a los gobiernos regionales y locales, que obtienen buena parte de sus ingresos con la venta de terrenos; en caso de que esta cayera, podrían verse obligados a reducir su inversión pública, reforzando así los temores sobre el apoyo a las entidades estatales, especialmente en las zonas con una situación financiera delicada.
Fuente: EFE.
