La oposición acusa al presidente del Gobierno de provocar una «preocupante deriva de degradación democrática»
El Parlamento Europeo fue este miércoles escenario de un nuevo choque español a cuenta de la situación del Estado de derecho en el país, un debate auspiciado por el PP en el que afloraron polémicas recientes como la renovación de los órganos judiciales, las rebajas de condenas por la ley del ‘sólo sí es sí’ o la reforma de la sedición y la malversación.
Antes del debate, en el que casi la mitad de la treintena de eurodiputados que participaron eran españoles, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, explicó al pleno que Bruselas está analizando si las rebajas de penas para el delito de malversación incluidas en la reforma del Código Penal cumplen con los estándares europeos, en particular con los de protección de los intereses financieros del bloque. Además, insistió en que la renovación del Consejo General del Poder Judicial debe ser una prioridad y consideró «importante» el reciente nombramiento de cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ya que «el funcionamiento de los órganos constitucionales es fundamental para el Estado de derecho».
El debate de los diputados lo lanzó la popular Dolors Montserrat, ya que fue su grupo europeo el que optó por incluir este tema en la agenda del pleno gracias a que disponían del turno rotatorio para elegir un debate de actualidad. «España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno», dijo Montserrat, que aseguró que las «cesiones» vienen de «los que buscan acabar» con España y acusó al Gobierno de no querer renovar el CGPJ ni reformar su modelo de elección.
El primero en contestarle fue el socialista Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia bajo José Luis Rodríguez Zapatero, que afirmó que el bloqueo del CGPJ es «exclusiva responsabilidad» de un PP que «no ha sabido reconocer el resultado de las urnas». «Cualquier presidencia semestral (del Consejo, que España comenzará en julio) es una ocasión preciada para mostrar unidad en un compromiso europeísta. Señores del PP, ¿no les da vergüenza perder míseramente esa oportunidad para mostrar su confrontación con el Gobierno?», incidió López Aguilar.
Desde Ciudadanos, Jordi Cañas quiso hacer un paralelismo entre las actitudes del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por «querer cambiar las mayorías del nombramiento de miembros del poder judicial», entre otras decisiones, aunque insistió en que «España no es Pedro Sánchez, ni el Gobierno ni sus cómplices separatistas y comunistas».
Desde la bancada de Vox, Jorge Buxadé recuperó el argumento que había esgrimido ya con la visita al Parlamento Europeo en Bruselas de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y acusó al Gobierno de apoyar leyes de forma fraudulenta y a Sánchez de ser el «Gran Hermano» que ha «prohibido hacer nombramientos» en el poder judicial y quiere «corromper las instituciones».
También destacó la intervención de la eurodiputada húngara Enikó Gyóri, que afirmó que «la actividad del Gobierno de Sánchez implica desmantelar el Estado de derecho, interferir en la vida privada, poner en riesgo la seguridad de los españoles y criminalizar a los jueces».
