jueves, abril 25, 2024
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El desigual mapa de la Selectividad: nueve autonomías permiten examinarse con suspensos y ocho exigen tenerlo todo aprobado

Además el temario ha sido flexible y cada comunidad ha podido fijar el numero de preguntas que ha querido

La Selectividad ha arrancado este martes. Alrededor de 300.000 alumnos están llamados a hacer las pruebas de acceso a la universidad. Se trata de la Selectividad más desigual que ha habido en España porque cada región ha podido fijar el número de preguntas que ha querido, el temario ha sido más flexible que nunca y la entrada a las pruebas se produce con distinto nivel de exigencia.

Tal es así que nueve autonomías permiten a los alumnos examinarse con asignaturas suspensas mientras que hay ocho que sólo dejan presentarse con todas las materias aprobadas, a pesar de que hay un distrito único por el que la nota que un estudiante obtiene en su ciudad le abre la puerta a cualquier universidad del país.

Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia, Aragón, Asturias y Cantabria siguen aplicando este curso un real decreto de 2017 que dice que para obtener el título de Bachillerato «será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos».

Por otro lado, están las autonomías que permiten presentarse a la Selectividad con suspensos. Cataluña, País Vasco, Baleares, la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha se dejan llevar por la doctrina de la ministra de Educación, Isabel Celaá.

El Gobierno se comprometió a revisar el diseño de la Selectividad para unificar criterios. De hecho, se llegó a crear una comisión mixta entre los ministerios de Universidades y Educación, pero lo único que han conseguido es que las comunidades autónomas hayan hecho interpretaciones distintas de dos decretos estatales que se contradicen.

Además de la barrera desigual de los suspensos, este año también va a haber más disparidad porque cada región podrá poner en el examen el número de preguntas que considere, cuando otros años el Gobierno central fijaba un límite (entre dos y 15 cuestiones).

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