Gonzàlez-Cambray aseguró que los profesores «deberán ceñirse a los proyectos lingüísticos», una responsabilidad que recae en la consejería de Educación
El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha subrayado este martes que los profesores deberán ceñirse a los proyectos lingüísticos y «no podrán decidir en qué lengua imparten una clase» fuera de este marco porque «no se puede optar por negligir con qué lengua se da una clase». Con lo cual, los maestros no podrán elegir si impartir la clase en castellano o catalán, la consejería de Educación les «obligará» a hacerlo como ellos decidan.
Así lo ha indicado este martes el consejero en una rueda de prensa en la que se ha referido a las instrucciones que se han enviado este martes a las direcciones de los colegios públicos y concertados catalanes para aplicar el decreto ley aprobado el lunes por el Gobierno de Cataluña con el fin de hacer frente a la sentencia del TSJC que obliga a impartir el 25% de materias en castellano en todas las aulas catalanas a partir del 1 de junio.
En las instrucciones enviadas a los colegios, los directores deberán responder antes del 30 de junio un cuestionario formado por siete preguntas que si se responden afirmativamente implicarán la validación del proyecto lingüístico por parte de la consejería.
En este sentido, Gonzàlez-Cambray ha subrayado que la responsabilidad ante la ley de los proyectos lingüísticos que se validarán «recae en la consejería de Educación» de la que él es «su máximo responsable».
En el caso de no ser validados, los centros contarán con la inspección educativa para reformular sus planes lingüísticos «como máximo durante los seis primeros meses del próximo curso escolar», según el consejero.
«Lo que estamos haciendo es legislar para proteger a los centros educativos y ninguna legislación puede ser más democrática que legislar desde el Gobierno y convalidar la legislación desde el Parlamento», ha añadido el consejero.
De hecho, al referirse al decreto ley aprobado el lunes por el Gobierno catalán, el consejero ha destacado como «muy relevante» que la Generalidad asuma la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos validados por la consejería.
«Ante las injerencias de los tribunales somos un escudo jurídico y legal para los centros educativos«, ha añadido el consejero en este sentido.
Fuente: EFE
