Las enmiendas que se plantearán hoy contra la ley Celaá intentarán eliminar la norma de que tenga que existir una «demanda social» para que se abran centros concertados u ofertarse plazas en ellos
El pleno del Congreso vota este jueves cuatro nuevas enmiendas transaccionadas sobre la enseñanza concertada en la ley Celaá, tres presentadas por PP y UPN y otra por PNV y Junts per Catalunya, a la que podrían unirse los demás partidos que defienden este tipo de centros.
En el último paso para que se apruebe el dictamen a la ley Celaá en la Cámara baja, se ha avivado la polémica porque se elimine en la norma «la demanda social» para poder abrirse centros concertados u ofertarse plazas en ellos, por parte de los partidos de la derecha pero también de algunos nacionalistas.
Además, la campaña de la Plataforma Más Plurales a favor de la enseñanza concertada se seguirá oyendo este jueves a la puerta del Congreso, ya que está convocada una concentración, además de continuar una recogida de firmas y diversos actos bajo el lazo naranja reivindicativo en los centros educativos concertados.
La enmienda transaccional de PNV y Junts per Catalunya especifica las enseñanzas reguladas por esta ley se programarán por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados.
Y añade que las administraciones educativas «programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia suficiente de plazas públicas y aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación, especialmente en las zonas de nueva población».
También se deberán votar otras tres enmiendas transaccionales acordadas entre el PP y UPN en defensa de los centros concertados. Ambos grupos también defenderán una cuarta para que el alumnado elija entre una asignatura sobre religión confesional y otra aconfesional.
Por otra parte, previsiblemente saldrá adelante una enmienda transaccional por la que los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) deberán conocer el papel social de los impuestos y la justicia social con la asignatura de Valores Cívicos y Éticos de la reforma educativa del Gobierno, la ley Celaá.
Se ha establecido así a través de una enmienda transaccional entre Compromís y Más País Equo y a la que se han unido PSOE, Unidas Podemos, Grupo Republicano y Junts per Catalunya.
