La oposición planea recurrir el gravamen a los ricos por invadir la autonomía financiera de las comunidades autónomas
El Pleno del Congreso aprobará este jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, previsiblemente con una amplia mayoría y con la incorporación de más de doscientas enmiendas, un texto que luego deberá continuar su tramitación en el Senado.
Por el momento, el proyecto de ley ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobado por mayoría simple (más síes que noes, ya que el escaño del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez sigue vacío y BNG se abstendrá): PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1).
Aún así, todo apunta a que finalmente ERC (13) confirmará su apoyo a las cuentas -de hecho, ya ha incorporado un buen número de enmiendas-, lo que ampliará la mayoría hasta los 187 votos favorables.
En cambio, el Presupuesto no contará finalmente con el respaldo de Teruel Existe -que sí apoyó las cuentas de 2021 y 2022 y que ya incluyó más de diez millones de euros en inversiones durante el trámite en Comisión-, ya que no se ha aceptado su propuesta de elevar las bonificaciones en cotizaciones sociales en provincias despobladas. A falta de una jornada de debate de enmiendas parciales, no parece que se vayan a producir grandes sorpresas y se espera que el Pleno apruebe las enmiendas pactadas con los grupos que apoyarán las cuentas en las votaciones de este jueves.
La última votación, correspondiente a los dictámenes de las distintas partes de la ley, se producirá tras una breve suspensión de la sesión y concluirá con la votación de la exposición de motivos, el último punto, cuya aprobación se asimila a la del Presupuesto en su conjunto a falta de una votación global.
Impuestos temporales a energéticas, banca y fortunas
Además, el pleno del Congreso debate y vota también la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético, la banca y las grandes fortunas que será aprobada con el apoyo de los socios habituales del Gobierno de coalición, tras los cambios introducidos durante la tramitación.
Entre esos cambios está el del propio impuesto a las fortunas de más de 3 millones de euros, que ha sido introducido como enmienda parcial, imposibilitando que su diseño sea enmendado, lo que ha generado críticas tanto entre la oposición como entre los socios del Ejecutivo.
También vía enmienda parcial se ha incluido la limitación de la compensación de las pérdidas de filiales de los grupos empresariales en el impuesto de sociedades al 50% en el ejercicio 2023.
Sobre los tres impuestos sobrevuela la posibilidad de que sean recurridos ante el Tribunal Constitucional, en el caso de los que se aplicarán a las empresas porque no gravan efectivamente los beneficios extraordinarios consecuencia del contexto inflacionario, sino las ventas (en las energéticas) y los márgenes ordinarios (en la banca).
En ello han incidido PP, Vox y Ciudadanos, que del impuesto sobre las grandes fortunas han apuntado a una posible inconstitucionalidad por invadir la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Actividades reguladas exentas y traspaso a las haciendas forales
El Gobierno vetó en un principio la mayoría de las enmiendas presentadas, salvo las de PSOE y Unidas Podemos, pero decidió después retirar su disconformidad en aras de la negociación.
Eso ha permitido pactar cambios con PDECAT, PNV y EH Bildu como la exclusión de los ingresos por actividades reguladas del gravamen a las energéticas o el traspaso de la gestión de los impuestos sobre energéticas y bancos a las haciendas forales del País Vasco y Navarra.
Con EH Bildu también se ha acordado que el Gobierno realizará, en el cuarto trimestre de 2024, un estudio sobre los resultados de ambos tributos para evaluar la posibilidad de hacerlos permanentes tras dos años en vigor.
Fuente: EFE
