La Generalidad presentó un aval a través del ICF para pagar las fianzas de los ex altos cargos, pero, según indican en ‘EL PAÍS’, este aval podría ser rechazado por el Tribunal de Cuentas
El Gobierno catalán presentó este miércoles un aval para pagar la fianza de 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos públicos de la Generalidad, una cantidad de dinero que usaron para promocionar el ‘procés’.
Según indicaron fuentes de este organismo fiscal a ‘EL PAÍS’, El Tribunal de Cuentas finalmente rechazaría este aval, con lo cual, no serviría de nada que la Generalidad haya avalado estas fianzas a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Fuentes de Tribunal Constitucional indican que ya hubo otros intentos de pago de estas fianzas, pero se trataban de vías que comprometían fondos públicos y, por ese motivo, fueron rechazados.
La encargada de estudiar el caso es Esperanza García. La instructora delegada seguramente dé una respuesta este jueves sobre si este aval del Gobierno catalán y del ICF es o no válido, aunque la decisión de Esperanza García no será la última, ya que esta resolución es recurrible ante la Sala de Justicia y, evidentemente, se da por hecho que en este caso habrá recurso.
Cuando llegó a los oídos del Tribunal de Cuentas que la Generalidad tenía pensado pagar la cantidad reclamada a los ex altos cargos, el Tribunal de Cuentas se inclinó por inadmitir fórmulas donde se emplee dinero público, y más aún si este dinero procede de la Generalidad, ya que esta fue la administración que se vio principalmente perjudicada, pero lo curioso es que esta administración no se considera ni perjudicada ni tampoco reclama alguna cantidad.
Pueden ocurrir dos cosas con este aval: en primer lugar, que sea aceptado, pero, en este caso, la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, impugnarían esta decisión. En segundo lugar, también puede ocurrir que este aval sea rechazado, entonces, en este caso, podrían ser los ex altos cargos acusados o el propio Instituto Catalán de Finanzas (ICF) los que recurrieran.
En todo caso, la última palabra la tendrá, seguramente, la Sala de Justicia, compuesta por José Manuel Suárez Robledano (propuesto por el PP), María Antonia Lozano (propuesta por el PSOE e IU) y Felipe García Ortiz (elegido por el PSOE).
Esta sala será la encargada de dar validez o no al aval de la Generalidad, aunque es poco probable que este aval sea aceptado, ya que la Generalidad debería de haber contado con el respaldo de una entidad bancaria.
