Putin ha pretendido pagar el último vencimiento de la deuda soberana rusa en rublos y los acreedores se han negado exigiendo ser pagados en dólares, que es la moneda pactada. La negativa y la exigencia son lógicas dada la actual volatilidad del rublo, pero el caso es que si en el plazo previsto de treinta días Rusia no atiende su compromiso de pago, entrará en default, circunstancia que añadiría sal a la actual pimienta económica mundial.
Es cierto que de producirse el default se agravarán los problemas de Putin, pues a su economía se le cerrará ya definitivamente el grifo de la financiación internacional, pero también surgirán nuevas dificultades para las economías occidentales. Es así dado que, aunque la dimensión de la deuda del Estado ruso es moderada -del orden de 50.000 millones de euros-, a alguno de sus acreedores le puede ocasionar problemas serios de liquidez, problemas que se extenderían en cadena. Así sucedió cuando hace veinticuatro años Rusia tampoco pudo atender la carga financiera de su deuda.
Además, en el actual estado de relaciones entre Rusia y los principales países del mundo, es impensable la opción de un posible rescate internacional que atemperase el posible daño. Ni Putin aceptaría lo que consideraría una injerencia en su soberanía ni las instituciones financieras internacionales estarían dispuestas a acudir en socorro de la economía rusa. Lo descrito no es si no una más de las variadas amenazas que se unen a los siniestros ya acaecidos en la economía mundial.
Lamentablemente, estos vientos de cara nos han sorprendido con una economía española mal organizada: con un Presupuesto que incorpora el mayor nivel de gasto público de nuestra Historia; con una inflación desbocada que supera en un 50% la media existente en los países de nuestro entorno; con una tasa de desempleo que sigue siendo la mayor de la Unión Europea; con una dimensión de deuda pública próxima al billón y medio de euros; sin haber recuperado ni la mitad del PIB perdido en 2.020; con una parte significativa de la población en situación límite; y con un Gobierno desunido y con ideas confusas sobre el rumbo económico a seguir.
El escenario descrito requiere un gran pacto de Estado en el que los principales partidos políticos, oídas las organizaciones sindicales y empresariales, acuerden una terapia de urgencia con la que afrontar los próximos meses y años. No parece ser la idea de Pedro Sánchez que, fiel a su praxis, sigue empeñado en aplicar solo pequeñas curas, habitualmente en dirección incorrecta, decididas unilateralmente y sobre las que, una vez acordadas, reclama la adhesión de los demás.
España necesitaría ahora la grandeza de espíritu que demostró Adolfo Suárez cuando indujo y consiguió la suscripción de los Pactos de la Moncloa. Pero esa cualidad, la grandeza de espíritu, no la hemos visto de momento en nuestro presidente de Gobierno. Bueno sería que nos la mostrara por primera vez, porque además encontraría receptividad en su principal interlocutor. Así se percibe en la actitud mostrada por Núñez Feijóo, que, en sus primeras declaraciones, se ha mostrado partidario de llegar a los acuerdos que necesita la economía española para superar la actual encrucijada.
En todo caso, si no le mueve el interés de Estado, Pedro Sánchez debiera intentarlo al menos por consideraciones electorales. Digo esto porque personalmente creo que, por sufrirla a diario, la sociedad española es consciente como nunca de la gravedad de la actual situación económica y, en buena lógica, infringiría un severo castigo en las urnas a Sánchez si éste hace caso omiso de su responsabilidad. De manera que sea por sentido de Estado, sea por interés electoral, nuestro presidente debe abandonar su modus operandi cesarista y buscar el gran acuerdo que necesitamos.
