«Las libertades locales o provinciales poco pueden resistir sin la libertad general… Es verdaderamente irrazonable la creencia de que se puedan crear y mantener aquellas sin el concurso de ésta. Es, desde luego, el sueño de algunos, pero puro sueño” (Tocqueville, Fragmentos sobre la Revolución).
1) Estado unitario y republicano. Supresión del estado de las autonomías. Restablecimiento de la división en provincias con la representación del estado en la forma de diputaciones provinciales.
2) Devolución de las competencias autonómicas al Estado. Anuladas las autonomías, la política autonómica desaparecerá como tal, así como los privilegios de algunas comunidades (legislativos, fiscales, lingüísticos, etc.). Eliminación de los “cupos”, vasco y navarro. «La idea de una Constitución es completamente incompatible con la idea de un «cupo», «amejoramiento» o cualquier otro tipo de excepcionalidad foral».
3) Racionalización de los cargos públicos. Reorganización meramente delegada del Estado en cada provincia. La región (que no “comunidad autónoma”), como división administrativa, podrá mantener algunas competencias administrativas, si así fuera pertinente, pero nunca aquellas que tengan que ver con el fisco, la seguridad, la sanidad y la educación.
4) Sólo existirán partidos nacionales. Solo se podrán presentar a las elecciones generales, como ocurre en Portugal, aquellos partidos políticos que presenten candidatos en todas las circunscripciones electorales (que será provincial, nunca “regional”). Se prohibirá la actividad legal de todo tipo de partidos y grupos en cuyos fines e ideario figure la separación de una parte perteneciente a la soberanía de la nación española. Las asociaciones políticas que contemplen estos fines serán declaradas ilícitas (art. 515.1 del Código Penal: “Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 1º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión”). El acceso a la jefatura del Estado será electiva siempre que se cumpla este punto 4, de lo contrario se mantendría la monarquía hereditaria (sería inadmisible que pudiera aspirar a ocupar este cargo un miembro de una facción separatista).
5) La lengua española, por el hecho de ser la única común a toda España, será la única lengua oficial. Se permitirá el cultivo por instituciones privadas de las diversas lenguas regionales de la nación, incluso con colaboración y auspicio del Estado si ello fuera necesario. Pero en modo alguno serán usadas esas lenguas como medios de expresión públicos en las administraciones estatales, ya sean locales, regionales o nacionales.
6) Reconocimiento de una cultura propia de la nación española. Supresión de la actual política autonómica que eleva determinados rasgos culturales distintivos (los «hechos diferenciales») a la categoría de rasgos constitutivos de una identidad distinta a la española («cultura gallega», cultura vasca», etc.), y que pretende hacer de ello un privilegio político (fiscal, administrativo, etc). Recorte de subvenciones y supresión de los cargos públicos que estén directamente vinculados a la pura recreación ideológica del autonomismo actual (tipo animadores culturales, etc).
7) Reorganización de los niveles de enseñanza básica, media y superior en torno a la realidad de la nación española. Aquellos contenidos del currículo educativo que involucren a España, ya sean cuestiones históricas, culturales, políticas o jurídicas, no podrán ser alterados por ninguna institución pública para cuestionar la existencia histórica, cultural, política o jurídica de la nación española, ni tampoco
para equiparar la nación española a otras «realidades nacionales» (catalana, andaluza, gallega, vasca, etc.).
8) Plan a medio y largo plazo para fortalecer las fuentes de energía de España. Para evitar la acusada dependencia energética de terceros países, y el consiguiente perjuicio económico, se proyectará un plan para el desarrollo y mejora de las fuentes de energía nuclear, hasta ahora considerada la más barata y eficiente. Se procurará también la recuperación de determinadas fuentes de riqueza de la nación española, ya sean hidráulicas, agrícolas, ganaderas e industriales.
9) Fortalecimiento de la política exterior frente a amenazas externas. España debe reaccionar, tanto en la vía diplomática como en la militar, ante las amenazas materiales y formales a su integridad territorial, como las que Marruecos formula y provoca habitualmente a propósito de las ciudades de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Recuperación de la posición secular respecto a la reclamación de la soberanía de Gibraltar. Esta posición no excluye, desde luego, la alianza con terceros países que ayuden a la defensa de tal integridad territorial.
10) Fortalecimiento de la posición de España en el contexto de la Unión Europea. La nación española ha de defender sus propios intereses y no los de terceros países, dentro de los pactos y acuerdos que sean aceptados por los estados miembros de la Unión. Huida del genérico «europeísmo», sobre todo cuando está aliado con el autonomismo, para evitar los pactos que perjudiquen los intereses nacionales.
