En los últimos días estamos comprobando los perversos efectos que provoca la aplicación de la creatividad jurídica puesta en marcha por el Gobierno de Sánchez. Se están evidenciado con la excarcelación y la reducción de condenas a todo tipo de delincuentes sexuales que han debido decretarse obligatoriamente al entrar en vigor la última genialidad legal de nuestra coalición gubernamental. La llamada Ley del “solo sí es sí”, norma ideada por la ignara Irene Montero, elaborada por el increíble Ministerio de Igualdad, avalada por el resistente Pedro Sánchez y aprobada por la esotérica mayoría parlamentaria que le mantiene en La Moncloa, nunca debió entrar a formar parte de nuestro Ordenamiento. Pero un desastre tan descomunal como el que se ha desencadenado suele pasar cuando los que legislan son ineptos y, además, en su ineptitud desprecian los avisos y alarmas que reciben sobre los peligros que provoca su proyecto.
Todavía es peor cuando los autores intelectuales de una reforma del Código Penal son los delincuentes afectados por los preceptos que regulan las condenas que son aplicables a los delitos que cometieron. En este caso, no es ya que exista el riesgo de una modificación legal técnicamente incorrecta, sino que existe la certeza de asistir a una rendición del Estado ante los que han delinquido. Es el caso de la anunciada modificación del tratamiento penal de la sedición y del posible cambio del referido a la malversación.
Por las declaraciones realizadas por los líderes de la secesionista Esquerra Republicana que no han sido desmentidas por el Gobierno, los cambios en el Código Penal han sido exigidos y están exigiéndose por ellos, por los condenados en firme por dos graves delitos. Y tanto por el contenido de sus manifestaciones como por la lógica más elemental, la aceptación de la reforma exigida por los que delinquieron es el precio que debe pagar Sánchez por la continuidad de su apoyo parlamentario que le dan los delincuentes. De manera que se enfrenta a un dilema por el cual o accede a la reforma que se le exige o se queda en minoría en el Congreso de los Diputados. Pocas dudas pueden caber sobre que la respuesta que va a dar el compelido será acceder a la exigencia de los condenado, pues así es como él entiende y práctica su lamentable técnica de resistencia. Hete aquí la consecuencia: Son los delincuentes los que van a regular la pena que han de sufrir por haber delinquido.
No cabe mayor abandono de la función regulatoria del Estado. No cabe mayor traición al espíritu del Estado de Derecho. No cabe mayor desprecio a las normas y reglas de convivencia. Delinca primero usted y regule después usted mismo la sanción penal que le corresponde, ése y no otro es el mensaje lanzado por Sánchez a los que atentaron gravemente contra el Estado y han sido juzgados y condenados por ello. Pero, claro, ya se sabe que todos los que se opongan a la fechoría son unos fachas y están al servicio de los poderes ocultos y perversos que participan en los cenáculos de Madrid que concluyen con el consumo de puros -Sánchez dixit-. He de confesarlo, junto a una enorme indignación, la conducta de Sánchez en esta cuestión me provoca auténticas náuseas.
Y todavía hay que dar gracias a Dios porque los líderes de la Esquerra no hayan cometido un asesinato o un estupro pues, de ser así, serían estos delitos los que vieran rebajar sus condenas en la modificación ad hoc del Código Penal que, sumisamente, impulsaría Sánchez para que los delincuentes le mantuvieran en “su palacio”.
