Acabamos de conocer que aproximadamente un 15% de los españoles que heredaron en 2.021 han renunciado a su herencia, conducta que cada año es más frecuente. Hora es de preguntarnos por qué motivo se desiste de un derecho consagrado en la Constitución.
Sin duda, en algunos casos la renuncia obedece al carácter envenenado del patrimonio dejado en herencia, cuyas deudas superen al valor de sus bienes. Pero, con toda probabilidad, el motivo primordial por el que los herederos renuncian a su derecho a heredar es el vía crucis que les espera, pues habrán de soportar los sucesivos abusos del Estado que supone la exigencia del anacrónico Impuesto sobre Sucesiones. Para comprobarlo, vamos a describir el camino de espinas que le espera a un español de clase media cuando sucede el fallecimiento de su padre o de su madre.
Acaecido el hecho luctuoso y sin haberse recuperado del shock emocional, a Juan Español le avisarán que en 6 meses tiene que confesarse con el Fisco y pasar por caja. Juan Español solo ha heredado la vivienda familiar que sus padres adquirieron hipotecándose de por vida y cuyo valor coincide con la media de las viviendas españolas: 230.000 €, pero le avisan que, por heredarla, tiene que pagar 40.000 € al Fisco y, además, hacerlo en el plazo de seis meses -ya menos desde que recibe el aviso-. Juan Español considera abusivo tal exigencia. Sus padres compraron la vivienda con lo que pudieron ahorrar después de pagar el IRPF durante toda su vida y habiendo tenido que pagar 14.000 € por el ITP cuando la adquirieron ¿Y ahora tengo que pagar 40.000 € más? se pregunta taciturno.
Juan Español tiene en el Banco menos de 9.000 €, como la mayoría de los españoles según el estudio del Observatorio del Ahorro Familiar, y le resulta imposible afrontar el pago que se le exige. Juan Español no entiende que habiendo recibido un bien inmueble y, por tanto, ilíquido, le exijan el pago de 40.000 € en efectivo y, además, en un plazo limitado. A Juan Español le avisan que puede solicitar un aplazamiento para pagar la deuda que le exigen, por lo que decide informarse sobre esta posibilidad.
Juan Español se entera que, de aplazar el pago, el que el Fisco le va a cobrar un 3,75% de interés. Pero él recuerda haber leído que actualmente el Estado obtiene coloca la Deuda Pública al 0% y, lógicamente, se subleva interiormente ¿Lo que consiguen al 0% me lo “prestan” a mí al 3,75%? ¿No es eso usura?
Pese a su enfado, pregunta por el importe mensual que debiera pagar para hacer frente al pago aplazado. Y Juan Español le informan que solo le dan cinco años de plazo. Le parece escaso dados sus ingresos mensuales, pues su sueldo coincide con el salario medio de los españoles: 1.900 € brutos mensuales. Pero, con todo, se informa del importe que debería pagar cada mes al Fisco si consigue que le concedan el aplazamiento/fraccionamiento del pago.
A Juan Español le informan que, de fraccionarse el pago de la deuda, por la suma de la amortización y el interés debería pagar mensualmente 700 €. Juan comprueba que con su sueldo mensual -los citados 1.900 € brutos- no podría hacerlo y se convence: Definitivamente el Fisco le obliga a vender la vivienda familiar. Le parece injusto, incluso cruel ¿Así trata el Estado a un ciudadano medio?
Pero, no habiendo más remedio, pone en venta la vivienda heredada. Sucede que con las idas y venidas descritas ha pasado un tiempo, y ya solo le quedan tres meses para que la deuda entre en periodo de apremio y el Fisco le vaya a cobrar el Recargo de Apremio, un 20%, 8.000 € más. Agobiado por lo apremiante de la situación, a Juan Español no le queda más remedio que malvender la vivienda, sufriendo una pérdida adicional que añadir a las anteriores. Tras malvenderla, y pagar lo que el Fisco le exige, Juan Español se siente maltratado por el Estado, agredido económica y emocionalmente. Enciende la televisión y escucha el spot publicitario que reza “Hacienda somos todos”. La apaga inmediatamente y masculla desesperado: “Pues me cago en todos”.
El drama sufrido por Juan Español que hemos descrito ha sido evitado para los residentes en Madrid merced a una más de las “medidas a la madrileña” -que diría nuestra Presidenta Ayuso- por la que se bonifica en un 99% la herencia entre padres e hijos. También en otras Comunidades que han emulado al Gobierno Madrileño, como Andalucía, Murcia o Castilla y León. No así en otras como por ejemplo Cataluña, Valencia o Baleares. Suerte para unos y desgracia para otros. Todos debemos saber a quien votamos.
Lo peor puede estar por venir. Según parece, el Gobierno de Pedro Sánchez proyecta perpetrar una tropelía para que ninguna Comunidad Autónoma puede evitar el vía crucis sufrido por los muchos Juan Español que pueblan España. ¿Se lo vamos a permitir?
