Mal escenario es el que actualmente presenta España, ciertamente malo. En nuestra economía se aúnan las dificultades de origen exógeno, derivadas de la guerra iniciada por Putin, con los problemas endógenos que son consecuencia de la errónea gestión económica de nuestro Gobierno.
La suma de ambas circunstancias determina que, en prácticamente todos los indicadores económicos de carácter negativo, España sea el primeo o uno de los primeros países entre los de su entorno. Sucede así en el déficit y deuda públicos, en la inflación, en la recuperación del PIB previo a la pandemia y, pese a los juegos de artificio estadístico de Yolanda Díaz, también en el empleo. Precisamente, ayer se hizo público por Eurostat que España es el país de la Unión Europea en el que se destruyeron más puestos de trabajo en el segundo trimestre. Y ya conocemos por las estadísticas internas de empleo que el mes de julio fue francamente malo.
También se conoció ayer la subida del tipo de interés decretada por el Banco Central Europeo que lo ha aumentado en un 0,75%, hasta situarlo en el 1,25%. Probablemente era una medida inevitable, y no solo para intentar enfriar la economía con objeto de reducir el impulso alcista de los precios, sino también para aproximarlo a las tasas fijadas por la Reserva Federal en un intento de revertir la actual debilidad del euro frente al dólar a fin de abaratar el coste de la importación de los productos (energéticos) que pagamos en la moneda estadounidense.
Lo cierto es que como ha sido ya reiterado, la medida adoptada por el BCE va a encarecer el coste de su hipoteca a aquellos que la tengan pactada a interés variable -cinco millones de españoles-, va a aumentar los gastos financieros de las empresas apalancadas -prácticamente todas-, va a incrementar el coste del servicio de la Deuda Pública del Reino de España y, por tanto, el volumen del gasto público… en fin, todo un conjunto de consecuencias negativas para nuestra economía que se sumarán a las actualmente existentes.
Por si lo anterior fuera poco, España atraviesa la que probablemente sea la mayor crisis institucional desde el advenimiento de la actual democracia en 1.977/78. Por centrarnos solo en dos de los problemas existentes nos referiremos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. En el primer caso, la existencia de un Gobierno apoyado en una mayoría parlamentaria en la que se encuadran grupos políticos que promueven la ruptura territorial de España, y cuyos líderes políticos han sido condenados por la comisión de graves delitos, constituye una evidente lacra para nuestro sistema democrático. Tanta que hasta en ocasiones hace empequeñecer la negativa experiencia que está suponiendo la primera coalición de gobierno en nuestra democracia.
En el segundo caso, nunca como ahora un poder del Estado, el Judicial, se ha encontrado tan acosado desde distintos frentes, entre ellos el gubernamental. Que cada resolución judicial de relevancia social sea analizada en función del supuesto color conservador/progresista de los jueces que la adoptan supone desvirtuar y/o deformar la función judicial. Que al órgano de gobierno del Poder Judicial se le haya impedido, mediante una reforma legislativa exprés, realizar los necesarios nombramientos en juzgados y tribunales está dificultando el funcionamiento de la Justicia. Que día si y día también desde varios partidos políticos, entre ellos los presentes en el Gobierno, se descalifique a los jueces y tribunales que dictan sentencias alejadas de las pretensiones de aquéllos constituye una agresión a la independencia del Poder Judicial. Que se afirme desde el Gobierno que un partido político -el PP- tiene secuestrada a la Justicia es, además de falso, una infravaloración de los valores éticos de aquellos que tienen por misión ejercerla.
Es cierto que entretanto, no se ha producido el inevitable acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, existiendo ya un retraso considerable respecto del plazo legal existente para ello. Pero, sin duda, el escenario descrito anteriormente no es el adecuado para proceder a renovar el órgano de gobierno de un Poder del Estado.
