El gobernador de Florida considera que la política migratoria de la Administración Biden es permisiva y condescendiente con la inmigración irregular
La presión contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por el envío de 48 venezolanos a Massachusetts aumenta y a la investigación abierta por un alguacil en Texas se suma un plan demócrata para impedirle usar más fondos estatales con ese fin y una demanda contra él en los tribunales.
El Partido Demócrata reforzó en las últimas horas su ofensiva contra el republicano DeSantis tanto en el Congreso estatal en Tallahassee como en las calles de Miami-Dade, donde reside una importante comunidad venezolana.
Además, la organización de abogados Lawyers for Civil Rights (LCR) presentó este martes en Boston una demanda colectiva contra el gobernador por ordenar el envío de medio centenar de migrantes desde Texas la exclusiva isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts. La demanda alega que casi medio centenar de migrantes «vulnerables», incluidos mujeres y niños, fueron transportados «de manera fraudulenta y discriminatoria», sin refugio ni recursos disponibles, con «falsas promesas de trabajo, educación para los niños y asistencia de inmigración».
El director ejecutivo de LCR, Iván Espinoza Madrigal, dijo que «ningún ser humano debe ser utilizado como peón político en el debate altamente polarizado de la nación sobre la inmigración».
En Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade también conocida como «Doralzuela», se celebró este martes un acto de repudio a DeSantis con participación de cargos electos, activistas y representantes de organizaciones de migrantes y de la comunidad venezolana.
Los oradores pidieron a los electores que demuestren su rechazo a lo sucedido no votando por DeSantis, que busca la reelección. «En noviembre están las elecciones. Pido a todos los venezolano-americanos que tomen nota de lo que ha hecho DeSantis para ejercer su voto», dijo Adelys Ferro, directora del Caucus Venezuela-América.
En el Congreso de Florida, donde DeSantis goza de una mayoría holgada, legisladores demócratas denunciaron este lunes que DeSantis infringió presuntamente la ley al usar dinero del programa de reubicación de migrantes indocumentados del Departamento de Transporte para pagar el viaje de los venezolanos y reclamaron medidas para impedir que lo vuelva a hacer, como ha amenazado.
El argumento es que ese plan, que fue aprobado y dotado de 12 millones de dólares pese a las críticas que suscitó, tiene como objetivo reubicar a inmigrantes indocumentados que estén en Florida. Los enviados a Martha’s Vineyard estaban en San Antonio (Texas) cuando se subieron a los aviones por los que el Departamento de Transportes puede haber pagado 615.000 dólares, según los registros oficiales de Florida.
Antes que DeSantis, los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Arizona, Doug Ducey, enviaron en autobuses a cientos de inmigrantes a ciudades como Washignton, Nueva York y Chicago como protesta por la política migratoria del presidente Joe Biden.
La diferencia es que esos migrantes habían llegado a los estados que los mandaron a otra parte, lo que no sucedió con los trasladados por DeSantis. Según el alguacil de Bexar, Javier Salazar, los que se subieron a los aviones con destino a Martha’s Vineyard se encontraban en las inmediaciones del Centro de Recursos para Migrantes en San Antonio y fueron «tentados» con «falsas promesas».
Fuente: EFE.
