La regidora de la Ciudad Condal pide endurecer la actual propuesta del Gobierno central sobre el proyecto de ley de vivienda
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, participó este lunes en el Congreso en el registro de las más de 30 enmiendas de En Comú Podem al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, entre ellas una que introduce multas de hasta 90.000 euros para arrendadores que incumplan la limitación de precios de alquiler.
Colau, que apeló a la promesa que le hizo personalmente en Barcelona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que aprobaría una ley que regularía los alquileres, ha asegurado que la actual redacción de la ley «no es efectiva» y que «si se aprobase así no cambiaría la realidad del mercado de la vivienda».
Multas de 6.000 a 90.000 euros
Entre las enmiendas de En Comú Podem, que según Colau están «alineadas» con las de Podemos, se incluye que las comunidades autónomas puedan aplicar un régimen sancionador con multas que van de 9.001 a 90.000 euros para infracciones graves y de 6.001 a 9.000 euros para infracciones leves.
Entre las graves figura establecer una renta que supere en más del 20% el importe máximo que corresponda, según la regulación de la ley de vivienda, y ocultar al arrendatario que la vivienda está sujeta al régimen de contención de rentas, mientras que considera una infracción leve fijar una renta que no supere en un 20% el importe máximo que corresponda.
Las condiciones de Colau
Colau ha explicado, en el patio del Congreso, los cuatro aspectos «de mínimos» que considera que debe incluir la ley para que Pedro Sánchez cumpla su palabra. Así, para que la regulación de los alquileres sea efectiva, pide eliminar el plazo de dieciocho meses que prevé el proyecto de ley antes de su entrada en vigor y que se pueda aplicar a todos los propietarios, no solo a las empresas jurídicas titulares de más de diez viviendas, ya que entonces solo tendrían precios regulados el 30% de los arrendadores, según sus datos.
También ha señalado que «para declarar las áreas tensionadas la referencia a las subidas de IPC tienen que estar acorde con el contexto actual». Esto supone que definir como zona tensionada aquella en la que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado, en los últimos cinco años, un crecimiento acumulado de más de dos puntos por encima del crecimiento acumulado del producto interior bruto (PIB) de la comunidad autónoma correspondiente, en lugar de cinco puntos, como figura en el proyecto de ley.
Otro de los aspectos que Colau considera imprescindible es que la ley garantice una alternativa a las familias vulnerables que sean desahuciadas a través de la «mediación» obligatoria, como está haciendo en Barcelona -ha dicho-, y que obligue a los grandes propietarios (bancos y fondos) a que antes de desahuciar tengan que ofrecer un alquiler social, como también hace la ley catalana.
El tercer aspecto es que la ley obligue al Gobierno a destinar en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 al menos un 1% del PIB para hacer vivienda pública a precios asequibles y a revisar al alza ese porcentaje en 2024.
Por último, ha propuesto una reforma de la fiscalidad, para «ayudar a los empresarios que lo quieren hacer bien y ofrecen alquiler protegido y rehabilitan, y ayudar a las cooperativas y el tercer sector, no a los fondos buitres».
Fuente: EFE.
